En Cambio Diario reporta que las Narcoestafas de tiempo compartido en Puerto Vallarta han expuesto un entramado criminal ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Autoridades de Estados Unidos sancionaron a cuatro personas y 13 empresas mexicanas vinculadas a este fraude, que opera en la zona turística y empresarial del destino jalisciense. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó a miembros de alto rango de esta organización criminal, cuyo alcance va más allá del narcotráfico.
El CJNG y su bastión en Puerto Vallarta
Puerto Vallarta, reconocido internacionalmente como un destino de playa y centro turístico de lujo, ha sido señalado como un bastión estratégico del CJNG. La OFAC reveló que el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, no solo obtiene ganancias del tráfico de drogas, sino que complementa sus ingresos con esquemas ilícitos como el fraude de tiempo compartido y el robo de combustible.
En este esquema, el cártel aprovecha el flujo de turistas y el valor del mercado inmobiliario en la región para ejecutar operaciones que aparentan ser negocios legales, pero que en realidad son trampas cuidadosamente diseñadas.
¿Cómo operan las narcoestafas de tiempo compartido?
Las autoridades estadounidenses advierten que el modus operandi inicia con ofertas de compra o alquiler de tiempos compartidos que resultan demasiado buenas para ser verdad. Una vez que la víctima muestra interés, los operadores solicitan pagos por adelantado, impuestos ficticios o cargos administrativos inexistentes.
En muchos casos, las víctimas nunca reciben el pago prometido ni recuperan su inversión inicial. Este tipo de fraude no solo afecta a visitantes internacionales, sino también a residentes que poseen propiedades bajo este esquema.
Principales responsables identificados por Estados Unidos
La OFAC ha señalado directamente a tres integrantes del CJNG como cabecillas de estas operaciones ilícitas:
- Julio César Montero Pinzón
- Carlos Andrés Rivera Varela
- Francisco Javier Gudiño Haro
- Además de liderar las estafas, estos individuos forman parte de un grupo armado del cártel en Puerto Vallarta, encargado de ejecutar ataques contra rivales y políticos con armas de alto calibre.
El caso de Michael Ibarra Díaz Jr.
Otro de los sancionados es Michael Ibarra Díaz Jr., contador y empresario turístico con más de 20 años de experiencia en la venta y administración de tiempos compartidos en la región. Según las autoridades, utilizó su posición en el sector para facilitar y encubrir los fraudes operados por el CJNG.
Advertencia oficial a los propietarios
El gobierno de Estados Unidos ha reiterado la importancia de verificar la legitimidad de cualquier oferta. Como señalan en sus comunicados: “Si una oferta de compra o alquiler no solicitada parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea”.
Para los actuales propietarios en México, resulta fundamental investigar a las empresas con las que tratan y confirmar que no se encuentren en las listas de sancionados por la OFAC.
Impacto en la industria turística
El daño causado por las Narcoestafas de tiempo compartido en Puerto Vallarta no solo afecta a las víctimas directas, sino también a la reputación del destino turístico. Puerto Vallarta, que durante décadas ha sido sinónimo de hospitalidad y belleza natural, enfrenta ahora el reto de desvincular su imagen de las actividades criminales del CJNG.
El fraude en tiempos compartidos es una amenaza creciente para la confianza de los inversionistas, compradores y turistas que ven en esta modalidad una forma segura de disfrutar de vacaciones en México. {La industria turística de Jalisco} también ha comenzado a reforzar sus mecanismos de prevención y vigilancia para evitar que más viajeros caigan en este tipo de trampas.
Narcoestafas de tiempo compartido
La revelación de los nombres y empresas vinculadas al CJNG confirma que el fraude de tiempo compartido se ha convertido en un negocio paralelo al narcotráfico. Las sanciones impuestas por la OFAC buscan cortar el flujo de recursos que alimenta a una de las organizaciones criminales más poderosas de México.
La prevención y la denuncia ciudadana serán claves para frenar la expansión de estas operaciones y proteger a las futuras víctimas.