Multan a la CDMX por chalecos antibalas de 1999
En 1999, la entonces Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, encabezada por Alejandro Gertz Manero, firmó un contrato para adquirir casi nueve mil chalecos antibalas destinados a los cuerpos policiales de la capital. El acuerdo incluía pruebas balísticas, especificaciones técnicas detalladas y un esquema de pago mediante carta de crédito que nunca se concretó desde el lado gubernamental. La empresa cumplió con los requisitos, pero la ciudad dejó congelado el compromiso y sembró una deuda que se mantuvo viva en tribunales. Multan a la CDMX por chalecos antibalas de 1999 porque, pese a las sentencias, distintas administraciones optaron por empujar el problema hacia adelante.
Con el paso de los años, la falta de pago se convirtió en una bola de nieve legal que ya tocó a varias gestiones. La compañía afectada recurrió a la vía judicial y obtuvo resoluciones firmes que obligan al gobierno capitalino a honrar el contrato. La deuda ya no solo se mide en dólares, sino también en credibilidad institucional, porque cada intento fallido por esquivar el cumplimiento refuerza la idea de una administración que firma, pero no responde.
Cómo se convirtió en deuda eterna
El contrato nació a finales del gobierno de Rosario Robles, en plena transición política y con una ciudad que empezaba a experimentar alternancia y nuevas promesas de seguridad. Cada jefe de Gobierno recibió el expediente como una herencia incómoda; en lugar de cerrarlo, la capital acumuló multas por desacato y argumentos de imposibilidad financiera o técnica. Mientras tanto, la sentencia se volvió cada vez más difícil de ignorar y la deuda dejó de ser un asunto interno para transformarse en un mensaje hacia cualquier proveedor que trabaje con la administración local.
En la resolución más reciente, un tribunal federal confirmó una nueva multa y negó el amparo solicitado por el Gobierno de la Ciudad de México. El criterio es claro: no hay obstáculo jurídico para pagar, y la ciudad debe emitir la carta de crédito por el equivalente actual en pesos de la suma original en dólares. La decisión también abre la puerta a que la empresa pida el embargo de bienes públicos para garantizar el cobro, un escenario que golpea la imagen de una capital que presume orden financiero.
Impacto político y costos para el gobierno
La multa por los chalecos antibalas expone cómo una decisión tomada bajo presión de seguridad puede transformarse en un problema de largo aliento si el gobierno rompe su palabra contractual. Para la administración actual, el tema no solo implica recursos, sino también una revisión incómoda del papel de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México en aquel sexenio, y del manejo posterior de la deuda. El nombre de Alejandro Gertz Manero aparece como punto de origen en una cadena de decisiones que ningún gobierno logró cortar a tiempo.
Más allá de la figura de un exfuncionario, el caso deja una pregunta directa: qué confianza puede tener un proveedor cuando la ciudad arrastra un conflicto de casi tres décadas por un contrato que, en papel, parecía sencillo. Multan a la CDMX por chalecos antibalas de 1999 y la capital enfrenta ahora no solo el pago, sino el desgaste de una historia que expone fallas administrativas, resistencia a cumplir sentencias y una larga lista de oportunidades perdidas para cerrar el capítulo antes de que explotara.
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