En una sorprendente serie de eventos, el ministro Luis María Aguilar Morales, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó y luego retiró un polémico proyecto de resolución que planteaba la posibilidad de separar al presidente Andrés Manuel López Obrador de su cargo en caso de que incumpliera con una sentencia de amparo.
Este proyecto ponía en tela de juicio el poder ejecutivo y generó intensos debates en el ámbito político y legal.
El proyecto de sentencia, relacionado con el amparo en revisión 386/2023, tenía previsto ser discutido y votado en la Segunda Sala de la Corte en la jornada actual. Sin embargo, Aguilar Morales tomó la decisión de retirar el asunto de manera sorpresiva. El anuncio fue hecho por el ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la Segunda Sala.
Aunque no se proporcionaron explicaciones específicas sobre el retiro del proyecto, esta acción coincidió con las acusaciones emitidas por el gobierno de López Obrador en contra de Aguilar Morales, sugiriendo que el ministro podría estar involucrado en situaciones de conflicto de intereses con el empresario Ricardo Salinas Pliego en casos fiscales considerables.
Presentarán queja contra ministro
Luisa Alcalde, Secretaria de Gobernación, anunció que la Consejería Jurídica de la Presidencia presentará una queja ante el Pleno de la Suprema Corte para examinar la actuación del ministro Aguilar Morales. Se ha señalado que Aguilar Morales mantuvo casos relacionados con la empresa Elektra sin presentar propuestas de sentencia ante los demás ministros de la Segunda Sala.
El proyecto original de Aguilar Morales argumentaba que en caso de que el presidente López Obrador no ratificara a la magistrada María Bárbara Templos Vázquez por un período de 10 años en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a pesar de una sentencia de amparo a su favor, podría aplicarse el artículo 107 constitucional para separar al Presidente del cargo. El proyecto también sostenía que la Ley de Amparo no debería limitar esta acción, ya que la Constitución no hace una excepción explícita para el presidente en este sentido.
Aunque el proyecto fue retirado antes de ser votado, su presentación ha suscitado debates y cuestionamientos sobre la separación de poderes y la independencia judicial en el contexto político de México.
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