A pesar de contar con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIOPRI) desde 2012, México aún va rezagado en el cumplimiento de los compromisos para prevenir el lavado de dinero, reconoció Reyna Delfina Cruz López, integrante del consejo del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán.
Entrevistada en Playa del Carmen, Cruz López explicó que aunque el país firmó un tratado ante la ONU sobre este tema en 1988, no fue sino hasta 2012 que se publicó la “Ley Antilavado”, entrando en vigor en 2013. Sin embargo, es recién ahora que se está buscando activamente su cumplimiento.
“A pesar de todo ese tiempo, apenas ahorita es que nos sentimos un poquito presionados o preocupados por el cumplimiento de esta ley”, comentó la contadora pública. Destacó que la ciudadanía debe entender que tiene obligaciones al realizar actividades económicas vulnerables al lavado de dinero y que es necesario buscar asesoría para interpretar correctamente la ley.
Cruz López señaló que la falta de información adecuada genera una “histeria colectiva” entre quienes no tienen la obligación de cumplir con la ley y deja desinformados a quienes sí deberían estar cumpliendo. Explicó que las normas internacionales identifican ciertas actividades como las más propensas al lavado de dinero, y cada país determina cuáles son las más utilizadas en su territorio.
El artículo 17 de la LFPIOPRI enumera 16 fracciones que relacionan actividades económicas y establece los mecanismos y obligaciones para quienes se dedican a esas actividades. La contadora enfatizó que la obligación de los ciudadanos no es actuar como investigadores o policías, sino proveer información y, bajo ciertas condiciones, informar a las autoridades competentes.
Finalmente, Cruz López destacó la importancia de que las personas involucradas en actividades económicas vulnerables al lavado de dinero busquen asesoría para cumplir correctamente con la ley y evitar sanciones.
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