La resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre la situación en México fue calificada como “excesiva” por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que acusó al organismo internacional de rebasar su mandato y carecer de rigor jurídico en sus conclusiones.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Enrique Ochoa, respondió a los señalamientos del Comité mediante un posicionamiento público en el que cuestionó el alcance del informe emitido por la instancia de Naciones Unidas.
De acuerdo con el funcionario, el organismo internacional amplió de manera indebida la definición de desaparición forzada, lo que, a su juicio, genera interpretaciones que no corresponden con los estándares legales establecidos en los instrumentos internacionales.
La postura del gobierno mexicano surge tras la difusión de la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada, que analiza la problemática de este delito en el país y plantea observaciones sobre su atención y tipificación.
Ochoa subrayó que México cuenta con un amplio historial de cooperación con el sistema internacional de derechos humanos, al destacar que ha ratificado tanto las convenciones universales como las regionales en la materia, lo que lo coloca entre los países con mayor compromiso formal en este ámbito.
También recordó que México es uno de los Estados que han ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como uno de los que reconocen la competencia del Comité para atender comunicaciones individuales.
El funcionario enfatizó que la colaboración del país con el Comité ha sido constante, al señalar que México fue el primer Estado en aceptar una visita oficial del organismo en su territorio en 2021. Además, aseguró que se ha respondido a todas las solicitudes de información realizadas por esta instancia internacional.
En ese contexto, sostuvo que el gobierno federal no desconoce los retos que enfrenta en materia de desapariciones, pero afirmó que se han impulsado políticas públicas y reformas legales orientadas a atender este fenómeno.
Según explicó, estas acciones han sido consideradas referentes para otros países que enfrentan problemáticas similares, lo que refuerza la postura de México de mantener una estrategia activa en el combate a este delito.
Asimismo, destacó que el país mantiene cooperación técnica con diversas naciones y organismos internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Fondo de Población de la ONU.
El subsecretario indicó que esta colaboración busca fortalecer las capacidades institucionales para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones, así como para atender a las víctimas y sus familias.
En relación con la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada, el gobierno mexicano reiteró su disposición al diálogo y a la cooperación, pero insistió en que el análisis debe realizarse con base en criterios objetivos y jurídicamente sólidos.
Finalmente, la SRE aseguró que México continuará participando en los mecanismos internacionales de derechos humanos, manteniendo una política de apertura, pero también de defensa de sus posiciones ante lo que considera interpretaciones imprecisas o fuera de mandato.
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