En Cambio Diario documenta un nuevo patrón de abusos donde los ‘vapes’ en bolsillos de policías corruptos se convierten en la excusa perfecta para extorsionar a comerciantes y ciudadanos. La reciente prohibición constitucional de los vapeadores, equiparándolos al fentanilo, ha abierto un vacío legal que algunos agentes aprovechan para enriquecerse ilícitamente.
Vacío legal tras la reforma constitucional
El 18 de enero entraron en vigor las reformas a los artículos 4 y 5 de la Carta Magna. Esta modificación prohibió de forma absoluta la producción, venta y uso de vapeadores, colocándolos en la misma categoría que sustancias de alto riesgo como el fentanilo. Sin embargo, la ley no es clara sobre si la mera posesión de estos dispositivos constituye un delito, dejando espacio para interpretaciones y abusos.
Caso Francisco Escoto: negocio bajo amenaza
El operativo sorpresa en Puebla
El 14 de junio, el empresario Francisco Escoto llegó a su negocio, Sneakers Bros, en el centro histórico de Puebla. Para su sorpresa, encontró el local rodeado de agentes aduanales que anunciaron una inspección para verificar la originalidad y procedencia legal de los tenis que vendía. Argumentaron que el área era una “zona peligrosa” y se llevaron más de 800 productos para revisarlos en sus oficinas.
La sospechosa aparición de los vapeadores
Cuando Francisco presentó las facturas para recuperar su mercancía, se encontró con que en el acta de inspección figuraba un hallazgo inesperado: vapeadores supuestamente encontrados en el local.
“Yo sólo vendo sneakers, ropa de colección y ‘art toys’. No vendo vapeadores ni los uso”, declaró.
Su sospecha es que los agentes colocaron los vapeadores para retener la mercancía y dificultar su devolución. El valor total de los productos supera los 5 millones de pesos; una demora prolongada en el proceso podría quebrar su negocio.
Extorsión y corrupción: patrón que se repite
Relatos de otros afectados
Francisco no es el único. Varios comerciantes han denunciado casos similares, en los que, bajo el pretexto de la ley, se retienen mercancías por periodos prolongados. En muchos casos, los afectados reciben ofertas “extraoficiales” para acelerar la devolución a cambio de pagos ilegales.
El destino de la mercancía decomisada
Algunas víctimas aseguran que, después de meses de trámites, las autoridades alegan que los bienes ya no se encuentran en las bodegas. Según los reportes, la Oficina de Comercio Exterior en Puebla argumenta que la mercancía ha sido “adjudicada” y donada, dejando a los afectados sin posibilidad de recuperación y con multas adicionales.
Impacto económico y psicológico en las víctimas
Las pérdidas económicas pueden llevar a la quiebra, pero el daño emocional es igual de grave. La sensación de indefensión y la sospecha de corrupción institucional generan desconfianza en las autoridades y miedo a denunciar.
Acciones legales y denuncias ciudadanas
Organizaciones civiles y abogados independientes impulsan campañas para documentar y denunciar estos casos. Se busca presionar para que el Congreso aclare la ley y se establezcan mecanismos que eviten que los ‘vapes’ en bolsillos de policías corruptos sigan siendo pretexto para extorsiones.
Urgencia de frenar los abusos
La ambigüedad legal y la corrupción se han convertido en un cóctel peligroso para comerciantes y ciudadanos. Frenar estos abusos no sólo implica reformas legales, sino también vigilancia social y rendición de cuentas.