La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es parte de la “mafia del poder”, afirmó nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a la suspensión por tiempo indefinido del llamado “Plan B” de la Reforma Electoral.
Entrevistado en el marco de su visita a Quintana Roo, el jefe del Ejecutivo nacional admitió que su iniciativa puede ser desechada, dado que la SCJN, aseguró, integra el grupo que se opone “al avance de México”.
“Sí, pueden (anular la propuesta) porque son parte de la mafia del poder, al igual que Ciro, Lorenzo y Claudia”, apuntó.
Cabe destacar que el ministro Javier Laynez Potizek dio entrada a la Controversia Constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la reforma del presidente López Obrador, y a su vez concedió la suspensión, que prácticamente deroga la desestructuración del órgano electoral.
Por otro lado, cuestionado sobre la intervención del Ejército Mexicano en la terminal marítima de Sactún, antes llamada Calica, López Obrador afirmó que ya no permitirán que esta empresa continúe destruyendo territorio mexicano para extraer recursos de la Nación.
“Es como venir a destruir nuestro paraíso y eso no se lo permitiremos a nadie”, declaró.
Por otra parte, una vez que reciba la notificación formal, el gobierno federal anunció que impugnará la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez, que dio entrada a la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral y suspendió su vigencia del denominado Plan B en materia electoral.
En consideración del gobierno federal, el marco legal establece que el ámbito electoral no es susceptible de controversias constitucionales, por lo que la SCJN se excedió con esta decisión, señaló la Consejería Jurídica, que consideró que “no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir”.
De igual forma, expresa su extrañeza de los tiempos en que se resolvió: “no es común que el viernes en la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corre anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral, porque la Constitución no lo permite”.
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