Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pidió que se investigue a la red de empresas que recibió contratos millonarios durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos y que incumplieron la entrega de servicios y medicamentos para hospitales. En Cambio Diario te trae información sobre este caso.
Incumplimiento de servicios y medicamentos
Durante el sexenio de Blanco (2018-2024), tres empresas —Santek Health S.A. de C.V., Comercializadora Manhos S.A. de C.V. y C&M Distribuidora de Medicamentos y Material de Curación S.A. de C.V.— recibieron casi 1,200 millones de pesos mediante adjudicación directa y simulación de competencia. Los contratos incluían suministro de antibióticos, medicamentos oncológicos y servicios de anestesia esenciales, los cuales no se cumplieron, afectando a 238 clínicas y hospitales.
Kenia López exige investigación a empresas para determinar responsabilidades y garantizar que los recursos públicos sean utilizados correctamente, sin importar la filiación política de los involucrados.
Mecanismos de fraude detectados
Las empresas comenzaron a recibir contratos entre cinco y ocho meses después de su creación, en procesos que evidencian favoritismo y colusión. Documentos de la Auditoría Superior de la Federación señalan que al menos 323 millones de pesos carecen de evidencia de cumplimiento.
Además, las compañías incumplieron con el mantenimiento de equipo médico crítico como incubadoras, máquinas de rayos X y ventiladores, lo que agravó la crisis en hospitales.
Vínculos políticos y empresariales
La red está relacionada con Joan Christian Carmona Barón, consejero estatal de Morena, y Héctor Barón Olivares, exdirector de Servicios de Salud de Morelos. Varias empresas vinculadas han participado en licitaciones simuladas, presentando ofertas para aparentar competencia legal. Este esquema evidencia la necesidad de investigaciones profundas.
Kenia López exige investigación a empresas para asegurar que los responsables enfrenten sanciones ejemplares y se evite la impunidad en el sistema de salud.
Reacción institucional y exigencias
Líderes legislativos, como López Rabadán y Ricardo Monreal, han solicitado una revisión objetiva del caso y sanciones frente al daño causado a la población. Los recursos afectados provinieron del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del INSABI, reflejando también responsabilidad federal en la fiscalización.
El caso se ha convertido en un ejemplo del impacto de la corrupción sobre la salud pública, subrayando la urgencia de fortalecer controles, supervisión y mecanismos de sanción para prevenir la repetición de esquemas similares en el futuro.