Las iniciativas de reforma contra la extorsión se convirtieron en una prioridad dentro de los acuerdos más recientes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, al establecerse plazos específicos para que gobiernos estatales y autoridades federales armonicen leyes, procedimientos y bases de datos vinculadas a delitos de alto impacto.
De acuerdo con disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, los gobernadores deberán presentar, a más tardar el último día de enero, las reformas legislativas necesarias ante sus congresos locales para adecuar sus marcos jurídicos en materia de extorsión. La medida forma parte de una estrategia coordinada entre la federación y las entidades federativas.
¿Qué se pide a los gobernadores en las iniciativas de reforma contra la extorsión?
Las autoridades federales solicitaron que los titulares de los gobiernos estatales impulsen cambios legislativos que permitan homologar la tipificación, investigación y persecución del delito de extorsión en todo el país. El objetivo es reducir vacíos legales y diferencias normativas entre estados.
Estas iniciativas de reforma contra la extorsión deberán alinearse con los acuerdos nacionales de seguridad y responder a un enfoque común que facilite la coordinación interinstitucional. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dieron a conocer los compromisos asumidos.
¿Qué papel tendrá la Fiscalía General de la República?
Dentro de los acuerdos también se asignaron responsabilidades a la Fiscalía General de la República. La institución deberá emitir un manual de operación dirigido a fiscalías o unidades especializadas en extorsión.
Este documento deberá establecer criterios homogéneos para la recepción de denuncias, la investigación de los casos y la persecución penal del delito. El plazo fijado para su publicación es el último día hábil de febrero de 2026, con la finalidad de fortalecer las capacidades institucionales en todo el país.
¿Qué cambios se anunciaron sobre personas desaparecidas?
Otro de los puntos incluidos en los acuerdos corresponde a la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esta base fue reconocida formalmente como parte del Sistema Nacional de Información.
El objetivo es garantizar que cuente con una estructura técnica y tecnológica adecuada para su funcionamiento. Con ello se busca mejorar la integración, consulta y actualización de la información relacionada con personas desaparecidas.
¿Cuándo se emitirán los lineamientos de esta base nacional?
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública será responsable de emitir los lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación de la base nacional. El plazo máximo establecido es de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del acuerdo.
Estos lineamientos deberán definir criterios de acceso, resguardo de datos y coordinación entre fiscalías, con el fin de asegurar la interoperabilidad de la información a nivel nacional.
¿Qué actualización se prevé para los Centros de Justicia para las Mujeres?
Entre los acuerdos también se estableció la actualización del Modelo Nacional de Centros de Justicia para las Mujeres. Esta tarea deberá realizarse en coordinación con la Secretaría de las Mujeres.
El Secretariado Ejecutivo tendrá como fecha límite el último día hábil de agosto para emitir esta actualización. El propósito es adecuar el modelo a las necesidades actuales y fortalecer la atención integral a mujeres víctimas de violencia.
¿Cómo cambiará la certificación policial en los próximos años?
Otro eje relevante de los acuerdos se relaciona con los mecanismos de certificación policial. Se estableció que deberá elaborarse una metodología para la Certificación Básica Policial.
Este nuevo esquema busca sustituir gradualmente el Certificado Único Policial. El plazo para definir la metodología vence el último día hábil de junio de 2026, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y alineada con la Política Nacional de Acreditación y Certificación.
¿Cuál es el objetivo de la nueva certificación policial?
La Certificación Básica Policial pretende fortalecer la profesionalización de las corporaciones de seguridad. Las autoridades buscan que los procesos de evaluación y certificación contribuyan directamente al desarrollo institucional y a la mejora del desempeño policial.
Este cambio se suma a las iniciativas de reforma contra la extorsión y a otras acciones que forman parte de una estrategia integral para reforzar la seguridad pública y la coordinación entre niveles de gobierno.
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