Una red de influencers que hablaron mal de Electrolit fue señalada por participar en una campaña pagada para difundir información negativa sobre la popular bebida rehidratante. El caso salió a la luz tras una denuncia del médico y creador de contenido Octavio Arroyo, conocido como Mr. Doctor, quien aseguró haber recibido una oferta económica para sumarse a la estrategia. En Cambio Diario te trae los detalles.
La polémica estalló en redes sociales justo cuando en el Congreso se analiza una propuesta para aplicar nuevos impuestos a los productos de rehidratación oral, lo que ha despertado sospechas sobre los intereses detrás del escándalo.
Cómo inició la polémica de los influencers que hablaron mal de Electrolit
El médico internista Octavio Arroyo (Mr. Doctor) reveló que fue contactado por una persona identificada como Pedro, quien se presentó como experto en marketing digital. Según explicó, le ofrecieron 48 mil pesos por publicar un video en TikTok e Instagram en el que debía criticar a Electrolit, simulando que se trataba de un contenido informativo sobre salud.
El documento entregado al médico incluía un guion predeterminado, con afirmaciones sobre el contenido de azúcar del producto y su supuesta falta de regulación. Arroyo decidió hacer público el ofrecimiento y expuso que varios creadores de contenido ya habrían aceptado participar en la campaña.
¿Quiénes son los influencers que hablaron mal de Electrolit?
Tras la denuncia, se identificó a un grupo de influencers que hablaron mal de Electrolit, entre ellos médicos y comunicadores con alta presencia en redes sociales. Entre los nombres que circularon están el Dr. Polo Guerrero, Dr. Manon, Dra. Alondra Mendizábal, Dra. Gloria Tu Gine, Candynutri, Dra. Dany, Dr. Vic, Dra. Ana Cecy y la periodista Adela Micha.
Los pagos habrían variado entre 700 y 48 mil pesos, dependiendo del número de seguidores de cada cuenta. Tras la revelación, varios de los involucrados eliminaron sus publicaciones o desactivaron los comentarios en sus perfiles.
El contenido de la campaña
El documento filtrado por Mr. Doctor mostraba el texto exacto que los participantes debían reproducir. El mensaje sostenía que Electrolit se vende como refresco pese a estar registrada como medicamento, acusando a la empresa de evadir regulaciones sanitarias y de tener un exceso de azúcar en su fórmula.
El texto también destacaba que el producto carece de sellos de advertencia nutricional y sugería que su comercialización representaba un riesgo para la salud pública.
La propuesta fiscal que coincidió con el escándalo
La polémica de los influencers que hablaron mal de Electrolit coincidió con una iniciativa legislativa impulsada por diputados del PVEM y el PT para que los electrolitos orales paguen los mismos impuestos que las bebidas azucaradas.
La propuesta busca:
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Eliminar la tasa cero de IVA a estos productos.
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Aplicar un IEPS de 1.64 pesos por litro.
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Obligar a incluir sellos de advertencia por contenido de azúcar.
De aprobarse, la medida podría aportar más de 5 mil millones de pesos anuales en recaudación al gobierno federal.
El papel de Laboratorios PiSA
Electrolit pertenece a Laboratorios PiSA, compañía mexicana con sede en Guadalajara y más de 75 años de historia. Su director actual, Carlos Álvarez Bermejillo, ha consolidado a la empresa como una de las farmacéuticas más grandes del país, con 14 plantas productivas, 20 mil empleados y presencia en 12 países.
Solo en 2024, las ventas de Electrolit superaron los 16 mil millones de pesos, aunque la marca ha sido objeto de críticas por su clasificación fiscal como medicamento, lo que la exenta del pago de IVA e IEPS.
Laboratorios PiSA ha mantenido relaciones tensas y controversiales con el gobierno mexicano durante las últimas décadas, particularmente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La empresa fue señalada como la principal responsable del desabasto de medicamentos oncológicos infantiles entre 2019 y 2021, específicamente del metotrexato, un fármaco esencial para el tratamiento de la leucemia infantil. En mayo de 2019, la Cofepris cerró siete de las 17 plantas de PiSA tras detectar contaminación bacteriana en sus instalaciones y el incumplimiento de buenas prácticas de manufactura, lo que derivó en la retención de 36 mil frascos de metotrexato por parte de la empresa. El gobierno federal acusó a PiSA de “chantajear” al Estado al condicionar la distribución de medicamentos a cambio de que se les reabrieran sus plantas clausuradas.
En octubre de 2020, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a PiSA y a su filial Dimesa por 30 meses para participar en contrataciones públicas federales, además de imponerles multas de 1.1 millones de pesos a cada empresa por presentar información falsa en un contrato con el IMSS de 2017. Hugo López-Gatell acusó directamente a la empresa de privilegiar sus “jugosos negocios” sobre la salud de los pacientes, mientras que López Obrador denunció que la farmacéutica mantenía un monopolio en el suministro de medicamentos oncológicos y había sido beneficiaria de esquemas corruptos durante administraciones anteriores. Sin embargo, en 2022, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa revocó las sanciones, permitiendo que PiSA regresara a competir por contratos gubernamentales.
Reacción del público y autoridades
Tras la denuncia, el hashtag #Electrolitengaña dejó de circular y los usuarios comenzaron a cuestionar la ética profesional de los médicos influencers involucrados. La mayoría de los comentarios en redes sociales expresaron respaldo hacia Electrolit y condenaron el uso de desinformación como estrategia publicitaria, así como el rechazo a los influencers que hablaron mal de Electrolit.
Hasta el momento, Laboratorios PiSA no ha emitido una postura oficial. Por su parte, la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador Zamora, informó que está dispuesta a discutir la propuesta para gravar los electrolitos orales como bebidas azucaradas.