El día de ayer fue detenido Jesús Murillo Karam, quien fuera titular de la Procuraduría General de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa, mismo en el que la Fiscalía General de la República (FGR) libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala.
Como procurador, se registró la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Debido a esto, Murillo Karam fue designado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto para hacer la investigación sobre la desaparición de los estudiantes.
Tiempo después, presentó lo que llamó “la Verdad Histórica”, en la que sostuvo que los estudiantes de Ayotzinapa habían sido secuestrados por integrantes del grupo delictivo Guerrero Unidos.
Cabe recordar que los padres de los estudiantes desaparecidos así como los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) rechazaron las conclusiones del procurador, quien renunció a su cargo en febrero del 2015.
Trascendió que el exfuncionario federal fue aprehendido cuando salía de su domicilio, ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec.
De acuerdo con investigaciones, Karam sería uno de los 33 exfuncionarios públicos implicados en la alteración de hechos y circunstancias para llegar a la ‘Verdad Histórica’, la cual ocasionó violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada.
“La diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio de dicha persona, sin ningún problema; ya que la misma colaboró con las autoridades policiacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo”
Sobre las 83 órdenes de aprehensión, la FGR adelantó que los delitos por los que se libraron son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
Además de que las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice.
