A tres meses de la explosión de una pipa de gas LP bajo el Puente La Concordia, en Iztapalapa, el Gobierno CDMX cierra acuerdos reparatorios con víctimas de La Concordia por un monto total de 480 millones de pesos, calificado por las autoridades como una cifra histórica. Este paquete de reparación del daño fue construido a partir de mesas de trabajo con familiares de personas fallecidas, lesionados y vecinos afectados por el siniestro del 10 de septiembre.
El convenio, respaldado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el gobierno capitalino, abarca a 144 víctimas directas e indirectas, con 143 acuerdos ya formalizados ante la autoridad ministerial. De esta forma, el Gobierno CDMX cierra acuerdos reparatorios con víctimas de La Concordia que buscan atender no solo el impacto económico inmediato, sino también sentar un precedente en materia de responsabilidad empresarial frente a desastres tecnológicos.
Montos, distribución y avance de pagos
De acuerdo con los reportes oficiales, el monto de 480 millones de pesos se distribuye en tres grandes bloques: 266 millones para familiares de las 32 personas fallecidas, 136.5 millones para 63 personas lesionadas y 27 millones para otros afectados, incluidos comercios y viviendas dañadas en la zona. Las autoridades precisaron que estos recursos se determinaron caso por caso, considerando el tipo de afectación, las secuelas físicas y el impacto social en cada familia.
Hasta el último corte, alrededor del 90 por ciento del total comprometido —entre 429 y 430 millones de pesos— ya había sido entregado a 127 víctimas, mientras el resto se encuentra en trámite administrativo y de formalización documental. Este avance permite a muchas familias enfrentar gastos médicos, funerarios, rehabilitación y reconstrucción de patrimonio, en un contexto donde la reparación económica se vuelve una herramienta clave para la estabilidad a mediano plazo.
Clara Brugada y la respuesta del gobierno de la Ciudad
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el informe oficial en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde destacó que este acuerdo “no compensa la pérdida de vidas humanas”, pero sí constituye un precedente de reparación integral en la Ciudad de México. Frente a víctimas y familiares, la mandataria subrayó que el proceso se construyó a partir del diálogo, el acompañamiento jurídico y la presencia permanente de brigadas institucionales en Iztapalapa tras la tragedia.
En paralelo, la administración capitalina informó que, además de los recursos derivados del convenio con la empresa gasera, se entregaron apoyos directos de 40 mil pesos a las familias para gastos urgentes desde los primeros días posteriores a la explosión. También se desplegó un operativo con más de mil 400 servidores públicos en tareas de rescate, atención médica, contención emocional y gestión de trámites para que las víctimas no enfrentaran solas el laberinto burocrático.
Responsabilidades y papel de la empresa
Las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México concluyeron que la explosión se originó por la volcadura de la pipa de gas LP, vinculada a exceso de velocidad, falta de pericia del conductor y deficiencias en los protocolos de seguridad de la empresa Transportadora Silza. El expediente identificó fallas en capacitación, supervisión de jornadas laborales y manejo de materiales peligrosos, elementos que llevaron a la determinación de responsabilidad empresarial en el siniestro.
Como resultado, la empresa Transportadora Silza aceptó cubrir la totalidad de los acuerdos reparatorios mediante sus seguros y recursos propios, por lo que el paquete de 480 millones de pesos no se financia con recursos del erario público. Este punto fue enfatizado por las autoridades capitalinas para remarcar que el esquema de reparación coloca el foco en la obligación de las compañías de asumir las consecuencias de sus operaciones cuando ponen en riesgo a la población.
Una reparación que busca sentar un precedente
Para muchas familias, el acuerdo representa una mezcla de alivio económico y duelo inconcluso: ninguna cantidad de dinero restituye la vida perdida, pero sí puede marcar la diferencia entre la precariedad y la posibilidad de reconstruir proyectos personales. Organizaciones y especialistas en derechos de las víctimas han señalado que este tipo de esquemas integrales podría convertirse en referencia para futuros casos de desastres tecnológicos y accidentes de alto impacto.
El caso del Puente La Concordia abre también la discusión sobre la supervisión de empresas que transportan materiales peligrosos en zonas urbanas densamente pobladas, así como sobre la necesidad de fortalecer los estándares de prevención y monitoreo. En ese contexto, el seguimiento que den las instituciones y la sociedad civil será clave para que este acuerdo no quede solo como una cifra, sino como un punto de partida hacia mayores garantías de seguridad.
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