En Cambio Diario informa que el posicionamiento de Claudia Sheinbaum genera nerviosismo político. En su Mañanera del Pueblo de este 22 de agosto, la presidenta expresó su intención de proponer reformas contra el “lastimoso fenómeno” de los factureros. Su postura generó nerviosismo político en círculos de Tabasco, donde es conocido el caso de Alejandro Márquez Rodríguez, alias “El Ganso”. Este sujeto ha sido, desde la llegada de Adán Augusto a la gubernatura de Tabasco y luego al Senado, el peleador autorizado para defraudar al fisco.
Fraudes de Alejandro Márquez Rodríguez, alias “El Ganso”
Este personaje enriquecido a la sombra del Poder fue evidenciado en 2024 por Latin Us, por ganar contratos por 410 millones de pesos con su empresa Proyectos, Obras y Suministros del Sureste S. A. de C. V., entre el 2019 y el 2024.
Ahora su alcance llegó a Quintana Roo, donde en el municipio de Playa del Carmen, que preside la morenista Angy Estefanía Mercado Asencio, ya le empieza a dar contratos a su empresa denominada Proyectos, Obras y Suministros del Sureste SA de CV.
Genera nerviosismo político posicionamiento de Claudia Sheinbaum: ¿Qué problemática aborda?
En México, las llamadas empresas fantasma (EFOS) se han convertido en un mecanismo para evadir impuestos y obtener contratos públicos sin cumplir con obligaciones legales ni entregar bienes o servicios. Estas compañías suelen carecer de oficinas, activos o personal, y muchas veces sus domicilios registrados son inexistentes, mientras facturan millones de pesos con recursos federales o estatales.
De acuerdo con cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT) entre enero y julio de 2025, fueron detectadas 184 empresas que simularon operaciones y emitieron comprobantes fiscales sin contar con activos, personal o infraestructura. Este número supera los 140 casos registrados en todo 2024 y representa el nivel más alto desde 2022, revirtiendo una tendencia a la baja que venía desde 2020, cuando la pandemia redujo el ritmo de estas prácticas.
En 2019, el SAT notificó a 2,202 compañías que operaban como fantasmas. En 2020 fueron 935 y en 2021, 1,145. Sin embargo, la cifra cayó en 2022 a 145 y en 2023 a apenas 38. El repunte en 2024 y 2025 demuestra que el fenómeno no ha desaparecido y que los grupos dedicados a esta forma de evasión encontraron nuevos resquicios para operar.
En los primeros diez meses del actual gobierno, el número de empresas detectadas como factureras suma ya 223, lo que eleva a 4,789 las registradas desde 2019 a la fecha. De acuerdo con el SAT, los contribuyentes señalados reciben una notificación con 15 días de anticipación para que presenten pruebas o alegatos, como marca el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, la mayoría no logra desvirtuar los señalamientos.
En lo que va de 2025, más de 140 compañías no pudieron comprobar su legalidad, mientras que solo cuatro lograron revertir las acusaciones. Al confirmarse las irregularidades, todas sus facturas quedan sin efecto y se anulan las operaciones realizadas, cerrando la posibilidad de que sigan usándose como instrumentos de evasión o lavado de dinero.
Sheinbaum aseguró que con la nueva reforma se fortalecerán las sanciones y se cerrarán los espacios de impunidad. “Este tipo de prácticas no solo dañan al erario, sino que también perpetúan la corrupción. Lo que queremos es que la recaudación se traduzca en más inversión pública y bienestar para la gente”, concluyó.
Aprietan el cuello al “Ganso”
Un edificio discreto en Villahermosa, Tabasco, se ha convertido en el centro de operaciones de al menos siete empresas que, de acuerdo con registros oficiales, han recibido contratos por más de 410 millones de pesos provenientes del gobierno estatal y de cinco ayuntamientos tabasqueños, todos encabezados por alcaldes de Morena.
El inmueble pertenece a Proyectos, Obras y Suministros del Sureste S.A. de C.V., empresa dirigida por Alejandro Márquez Rodríguez, empresario tabasqueño con vínculos cercanos al exsecretario de Gobernación y exgobernador del estado, Adán Augusto López Hernández. Durante su administración y la de su sucesor, Carlos Manuel Merino, esta compañía multiplicó su presencia en las licitaciones locales, acumulando 106 contratos entre 2019 y 2023. La mayoría fueron adjudicados de manera directa o por invitación restringida, sin concurso abierto.
Los proyectos abarcaron rubros tan diversos como obra pública, mantenimiento de infraestructura, suministro de artículos de oficina y despensas para el DIF estatal. Entre los beneficiarios más constantes se encuentran el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), con 35 contratos, y el Instituto de Protección Civil del Estado (IPCET), con 26. El monto total de estos acuerdos asciende a más de 92 millones de pesos.
Márquez Rodríguez también expandió su influencia más allá de Tabasco. En Campeche, bajo la administración de Layda Sansores, sus empresas firmaron 29 contratos por casi 37.5 millones de pesos. En Chiapas, durante el sexenio de Rutilio Escandón, obtuvo 14 contratos por más de 30 millones. Incluso logró contratos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde destacó una obra en Cunduacán, Tabasco, por 20 millones de pesos. En total, tan solo entre 2019 y 2023, sus compañías ejercieron casi 200 millones en recursos públicos.
El empresario no ha ocultado su cercanía con figuras de la Cuarta Transformación. En redes sociales presume fotografías con Mario Delgado, Omar García Harfuch y Andrés Manuel López Beltrán. Además, acompañó a Adán Augusto en su recorrido para buscar la candidatura presidencial de Morena en 2023.
Más recientemente, Márquez Rodríguez extendió sus negocios a Quintana Roo. En Playa del Carmen, durante la gestión de la morenista Angy Estefanía Mercado, su empresa obtuvo tres contratos a finales de 2024. Entre ellos destacan servicios de mantenimiento de maquinaria y parque vehicular por hasta 18 millones de pesos, así como la rehabilitación de un edificio administrativo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales por más de 3 millones. Todos fueron avalados por las autoridades financieras del municipio.
El crecimiento de estas empresas muestra cómo, en menos de una década, Alejandro Márquez Rodríguez pasó de ser un empresario regional a convertirse en uno de los contratistas más activos de gobiernos vinculados a Morena, consolidando una red que hoy se extiende desde Tabasco hasta el sureste del país.
El problema de las EFOS en el país
En el año 2015, en Iztapalapa, Ciudad de México, una mujer de 42 años constituyó una EFOS junto con su esposo, a cambio de un pago mínimo. Su empresa facturó más de 2.5 millones de pesos a dependencias de Puebla y Oaxaca, principalmente en insumos médicos y mobiliario. Actualmente enfrenta un proceso penal por defraudación fiscal, mientras los beneficiarios reales del dinero permanecen sin identificar.
Investigaciones de Quinto Elemento Lab y del Observatorio de la Corrupción de la UNAM revelan que, entre 2002 y 2022, 834 EFOS firmaron más de 3 mil 500 contratos con 486 dependencias de todos los niveles de gobierno, sumando más de 11 mil millones de pesos. Incluso instancias como la Secretaría de Hacienda y el SAT contrataron empresas que años después fueron clasificadas como fantasma, en rubros que van desde el suministro de papel de seguridad hasta servicios de limpieza, eventos y mantenimiento.
El sistema presenta fallas graves: el SAT no realiza inspecciones de campo para verificar domicilios fiscales, los procedimientos de contratación no detectan incongruencias entre el objeto social de la empresa y el contrato, y el tiempo promedio para que una EFOS sea identificada y sancionada supera los 8 años. Esto permite que muchas obtengan contratos antes de ser detectadas, respaldadas con opiniones fiscales positivas que certifican su existencia y cumplimiento tributario.
Respecto a los factureros: genera nerviosismo político posicionamiento de Claudia Sheinbaum
El daño al erario no se limita a contratos incumplidos o deficientes: miles de millones en créditos fiscales se han cancelado por insolvencia o incosteabilidad, beneficiando a empresas como Grupo Comercializador Cónclave y Publicidad y Mercadotecnia Creativa PYMC, con adeudos superiores a mil millones de pesos.
Mientras los prestanombres enfrentan procesos legales y consecuencias personales graves, incluidos casos de estrés postraumático y hospitalizaciones, los verdaderos beneficiarios y los funcionarios que autorizaron los contratos permanecen mayoritariamente impunes. Expertos coinciden en que revelar la identidad de los beneficiarios finales y establecer protocolos de contratación pública más estrictos sería clave para frenar este tipo de prácticas.