El exsecretario de Seguridad Pública preso hoy en Estados Unidos, Genaro García Luna busca un amparo para frenar cualquier orden de aprehensión que haya sido girada en su contra por autoridades federales.
Lo anterior luego de que en enero pasado un juez federal ordenó la detención de siete personas, entre quienes sobresalen Joaquín “El Chapo” Guzmán y el propio García Luna, por su participación en el operativo conocido como “Rápido y furioso”.
La demanda de quien fuera responsable del combate al crimen organizado en territorio mexicano durante la administración del expresidente, Felipe Calderón fue turnada a la jueza Luz María Ortega quien pidió a la defensa hacer una serie de precisiones sobre los temas impugnados.
“Previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo… requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, por escrito, aclare su demanda”, señala uno de los acuerdos.
En los próximos días se definirá si se acepta la demanda
De esta forma la titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México deberá definir en los próximos días si acepta analizar la demanda de amparo promovida por los abogados de García Luna desde el 27 de enero pasado.
Fue entre 2006 y 2011 cuando a través del operativo “Rápido y furioso” se introdujeron a México más de 2 mil armas ilegales con chip, las cuales serían vendidas a criminales para poder ser rastreadas en virtud de identificar a los responsables de la violencia armada en territorio nacional.
Apenas este miércoles en Estados Unidos, el Juez Brian M. Cogan, encargado del caso de Genaro García Luna en ese país, aceptó la propuesta de los abogados de ambas partes para posponer la audiencia que se tenía prevista para este miércoles 16 de febrero.
García Luna fue detenido el 9 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, acusado por el fiscal del Distrito Este de Nueva York de tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y un cargo por declaraciones falsas.