La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha señalado a Sonia Vargas Terrero, funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), como responsable de la firma de contratos por un total de 71 millones 600 mil dólares “de los Estados Unidos” durante el gobierno de Felipe Calderón.
Pablo Gómez, titular de la UIF, ha asegurado que “ninguno de los contratos cumplió con los requisitos en relación con la investigación de mercado, a pesar de tratarse de asuntos de seguridad nacional”.
Además de Vargas Terrero, se ha señalado a otros funcionarios como Rodrigo Esparza Cristera, comisionado de la Policía Federal Preventiva, con un contrato por 69 millones 100 mil dólares; Facundo Rosas Rosas, comisionado general de la Policía Federal, con 25 millones 875 mil dólares; Humberto Martínez González, director general de Apoyo Técnico de la Policía Federal, con 37 millones 875 mil dólares.
También se mencionan a Rafael Avilés, jefe de la división de Fuerzas Federales, con 2 millones 500 mil dólares; Luis Cárdenas Palomino, titular de la división de Seguridad Regional, con 2 millones 500 mil dólares; Roberto Cardozo, director general de Recursos Materiales, con 12 millones de dólares; y Eduardo Enrique Gómez García, ex director del organismo de prisiones, con 56 millones 121 mil 595 dólares.
La UIF también ha señalado contratos durante el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018 a Eduardo Imaz Gispert del Cisen, por un monto de 253 millones 51 mil 358 dólares de los Estados Unidos y 67 millones 200 mil pesos mexicanos; y a Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Prevención y Readaptación Social del organismo de prisiones, por 88 millones de dólares.
Entre los mencionados se encuentran José Alberto Rodríguez Calderón, comisionado de Prevención y Readaptación Social, con 26 millones 850 mil dólares y 221 millones 400 mil pesos; Octavio Medina Estrada, ex Oficial Mayor de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, con 26 millones 666 mil 666 pesos 60 centavos; Raúl Mata Soria, director general de Programación y Organización Presupuestal, con 26 millones 666 mil 666 pesos; María Dolores Rojas Soto, directora general de Recursos Materiales y Servicios Generales; y Enrique Salinas Romero, director general de Política y Estadística Criminal.
TE PUEDE INTERESAR Secretario de Gobernación niega expropiación de tramos de Ferrosur de Grupo México