El fallo de la SCJN reconfigura el transporte público en Chihuahua desde la raíz y deja huella en choferes, familias concesionarias y autoridades estatales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisó reformas a la Ley de Transporte de Chihuahua y mantuvo vivo el esquema de concesiones, pero le arrancó artículos que abrían la puerta a decisiones torcidas y castigos apoyados en sospechas.
Fallo de la SCJN reconfigura el transporte público
El Pleno de la SCJN sostuvo la validez general de las reglas estatales, pero tiró disposiciones que golpeaban la transmisión de concesiones de taxi y endurecían la antigüedad de los vehículos sin una base técnica sólida. La resolución marca un parteaguas para otros estados porque define hasta dónde pueden apretar las normas locales sin pisar derechos de los concesionarios y de las personas usuarias del servicio.
En el centro del caso está la reforma a la Ley de Transporte de Chihuahua, aprobada por el Congreso de Chihuahua, que buscaba ordenar el padrón de taxis, controlar sucesiones y renovar el parque vehicular con límites de años de servicio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y actores locales advirtieron que varias de esas medidas se volvían un filtro discrecional que amenaza a familias enteras.
Concesiones de taxi y familias en la mira
La Corte se detuvo en el artículo 92 bis, que ataba la entrega de la concesión a los familiares del titular fallecido a “indicios” de consumo de alcohol, drogas o infracciones. Esa palabra, “indicios”: bastaba una sospecha, un reporte sin pruebas firmes, para dejar sin ingreso a viudas, hijos o herederos.
Al declarar inconstitucional esa expresión, el fallo de la SCJN reconfigura el transporte público porque obliga a la autoridad a probar de manera robusta las faltas y no fiarse de expedientes incompletos. El mensaje es directo: la muerte del concesionario no puede convertirse en pretexto para retirar el permiso a su familia sin un proceso transparente.
Antigüedad vehicular y seguridad real
Otro punto fue el último párrafo del artículo 150, que imponía límites de antigüedad más duros para los vehículos en localidades pequeñas. La SCJN consideró que esas barreras no se sostenían frente a una herramienta mucho más concreta: las revisiones físico‑mecánicas periódicas que sí permiten detectar fallas reales en frenos, motor o estructura de las unidades.
Con esta decisión, el fallo de la SCJN reconfigura el transporte público porque desplaza el foco desde la edad del vehículo hacia su estado mecánico comprobable, un criterio que también puede usarse para ajustar normas similares en otras entidades. Para quienes trabajan con unidades más viejas pero bien mantenidas, el criterio abre una ventana para defender su fuente de ingreso frente a reglas rígidas.
Una reforma que se mantiene, pero con límites
Pese a los recortes, la SCJN avaló el resto del diseño de la Ley de Transporte de Chihuahua y subrayó que las reglas sobre concesiones, cesiones y sucesiones forman un sistema que acota la discrecionalidad de las autoridades y da un piso de certeza al servicio. El esquema de concesiones no se derrumba; lo que queda bajo presión son las normas que intenten colarse con filtros ambiguos, castigos sin evidencia o límites técnicos mal justificados.
A partir de este precedente, congresos locales del país tendrán que revisar sus propias leyes de transporte y ajustar artículos que usen fórmulas parecidas, tanto en la sucesión de permisos como en la antigüedad de las unidades. El debate ya no gira solo en los pasillos del poder: ahora operadores, empresarios y usuarios miran de cerca cómo se aplica este criterio en la Ley de Transporte de Chihuahua y en la manera en que el Congreso de Chihuahua decida corregir el rumbo.
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