El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzó su estrategia de supervisión y combate a las empresas que emiten comprobantes fiscales falsos. Durante la conferencia del 9 de octubre de 2025, el titular Antonio Martínez Dagnino presentó un paquete de medidas que endurecen los procesos de registro, control y sanción. Estas acciones colocan a los factureros en la mira con el objetivo de impedir la creación de empresas fantasma y fortalecer la recaudación nacional. En Cambio Diario te trae los detalles.
Modificaciones al proceso de inscripción empresarial
Las reformas establecen que el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la firma electrónica ya no se entregarán el mismo día. El objetivo es implementar un control más estricto sobre la creación de nuevas empresas y detectar irregularidades desde el inicio del trámite.
Martínez Dagnino explicó que esta separación temporal busca evitar que personas sin actividad económica real accedan a mecanismos de facturación. Con este cambio, el SAT mantiene a los factureros en la mira para frenar la simulación de operaciones.
Verificación de domicilios fiscales y control inmediato
Las nuevas disposiciones obligan a las empresas a comprobar que el domicilio registrado corresponde a sus operaciones reales y no a direcciones de socios o testaferros. Esta verificación pretende eliminar el uso de ubicaciones falsas que favorecen la evasión de impuestos.
Asimismo, se implementará un procedimiento abreviado de 24 días para revisar casos de facturación sospechosa, durante el cual se suspenderá el sello digital. La medida garantiza la continuidad de la investigación mientras mantiene a los factureros en la mira bajo vigilancia administrativa.
Restricciones y sanciones para involucrados
El SAT también estableció que los socios, accionistas o representantes legales que participen en la venta de facturas falsas no podrán registrar nuevas empresas mientras dure la investigación.
Por su parte, los compradores de comprobantes falsos deberán regularizar su situación en plazos breves o enfrentar la suspensión de su sello digital. Con ello, la autoridad busca romper la cadena de complicidad y mantener a los factureros en la mira con sanciones ejemplares.
Prisión preventiva y beneficios fiscales
La reforma constitucional al artículo 19 convierte la venta de facturas falsas en un delito grave con prisión preventiva oficiosa. El titular del SAT aclaró que la medida se aplicará a quienes afecten gravemente al fisco federal.
Durante la misma conferencia, se informó que de enero a septiembre se devolvieron 630 mil millones de pesos de IVA y 40 mil millones de ISR, reflejando una recaudación sólida que respalda los nuevos controles. Estas acciones, concluyó Dagnino, buscan establecer un “piso parejo” y reforzar la confianza en el sistema tributario.