Este martes la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la declaratoria de causa de utilidad pública de más de 529 mil 500 metros cuadrados, correspondientes a 70 inmuebles de propiedad privada para la continuidad de las obras del Tren Maya.
De acuerdo al documento los inmuebles se localizan en los municipios de Escárcega, Champotón, Campeche, Tenabo, Hecelchakán y Dzitbalché, en Campeche, y en los municipios de Mérida, Tixkokob, Chocholá, Izamal y Tixpéhual, en Yucatán.
La declaratoria argumenta que la Constitución refiere que las tierras que se encuentren dentro del territorio nacional corresponden a la nación y se “tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”.
“Se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos respectivos; se buscarán acuerdos benéficos en los casos en los que las vías de propiedad federal se encuentren invadidas y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios mediante consultas”, se menciona en la publicación oficial.
El Tren Maya es el proyecto de infraestructura más importante en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros y pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, precisa la dependencia Federal.
El gobierno explicó que los inmuebles que serán expropiados son idóneos para la construcción y el funcionamiento del Tren Maya, por lo que resultan necesarios los que se localizan en los tramos 2 y 3.
Se informó que los propietarios de dichos inmuebles tendrán un plazo de 15 días para pronunciarse al respecto.
“Los interesados tendrán un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación de la presente Declaratoria, para manifestar ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, lo que a su derecho e interés convenga y presenten las pruebas que estimen pertinentes”, se leé en el documento.