La primera visita de Omar García Harfuch a Uruapan, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, dejó claro el tamaño del hartazgo social. Autoridades locales, empresarios, productores y ciudadanía exigen fin a la violencia mientras observan con recelo otro gran despliegue de fuerzas federales y promesas de coordinación.
Grecia Quiroz pide resultados mientras exigen fin a la violencia
La alcaldesa Grecia Quiroz transmitió al secretario de Seguridad federal el cansancio de la población frente a años de homicidios, extorsiones y ausencia de justicia. Aunque otorgó un voto de confianza al Gobierno federal, subrayó que la ciudadanía ya no cree en los anuncios sin resultados. Reclamó operativos directos en los cerros y zonas donde operan grupos criminales y no solo recorridos visibles en avenidas principales.
Quiroz insistió en un “Plan Uruapan” específico y en justicia por el asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo. Recordó que no ha dejado de exigir que se investigue a actores políticos y que se esclarezca quién ordenó el crimen, en un municipio considerado entre los más inseguros del país.
Harfuch y el despliegue federal frente al escepticismo ciudadano
García Harfuch llegó acompañado de mandos militares y recorrió retenes y filtros de revisión, además de sostener reuniones con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y autoridades locales. El funcionario anunció capacitación para policías municipales, equipamiento y controles de confianza, además de visitas periódicas para evaluar avances.
El componente militar se concentra en el Plan de Operaciones Paricutín, con más de diez mil elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, uso de drones, helicópteros y tecnología de inteligencia. El objetivo es contener a más de una docena de grupos criminales en Michoacán y proteger zonas productoras de limón y aguacate, golpeadas por la extorsión.
Empresarios y sociedad exigen fin a la violencia y claridad en el plan
El sector empresarial respalda el Plan Michoacán, pero advierte que no otorgará un cheque en blanco. Pide metas claras, responsables identificados y mecanismos de vigilancia ciudadana. Productores agrícolas denuncian pérdidas millonarias por cuotas de “protección” y reclaman mesas de trabajo que se traduzcan en seguridad real.
En las calles, la población observa el despliegue federal con una mezcla de esperanza cautelosa y desconfianza acumulada. Uruapan mantiene altos niveles de percepción de inseguridad y buena parte de sus habitantes exigen fin a la violencia con acciones visibles y duraderas, no solo con nuevos anuncios oficiales.
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