La Cámara de Diputados turnó al Pleno de sus 500 legisladores el dictamen que contiene el ajuste a las reformas para la subcontratación laboral o del sistema outsourcing, con 45 votos a favor y 19 en contra, las comisiones del Trabajo y de Hacienda aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen que aplaza del 1 de agosto al 1 de septiembre de este año la entrada en vigor del decreto y sus nuevas exigencias para la contratación de los trabajadores en las empresas. La oposición votó en contra en ambas comisiones por considerar que es muy poco tiempo un mes de prórroga y piden que sea hasta enero del 2022, lo que Morena y sus aliados rechazaron. El diputado del PAN, José Isabel Trejo argumentó su voto en contra al afirmar que “se trata de que generemos un dictamen que genere condiciones jurídicas de certeza, sobre todo por los trabajadores, porque son los que están yéndose de las empresas”. Advirtió que “las empresas, al no poder cumplir con la nueva ley lo que están haciendo es despedir a trabajadores, y ahora se dice que este agregado es para generar condiciones fácticas. En términos claros, condiciones fácticas es hasta enero de 2022”. Fernando Galindo Favela, diputado del PRI, sostuvo que “hay que tenerlo claro, la realidad se va a imponer y si se aprueba este dictamen como se está proponiendo, de otorgar solamente un mes adicional, seguramente en un mes vamos a estar discutiendo si ampliamos otra vez el plazo, para proteger a los trabajadores y a las empresas de nuestro país”. “El problema que tenemos es que estamos viviendo la peor crisis económica de nuestra historia, donde se han perdido muchos empleos, donde la gente no ha podido conseguir un empleo”, dijo. Agregó que “El mensaje que tenemos que mandar desde la Cámara de Diputados es un mensaje de certidumbre a la economía, de certidumbre a los trabajadores, de certidumbre a las empresas”, insistió. El diputado Antonio Ortega, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), expuso que su rechazo al dictamen se debe a que “se amplía un mes el plazo para la IP, mientras que el gobierno, principal contratante, se dio un año; se necesita extender el margen a las empresas a enero próximo”. Recriminó “el hecho de que haya un trato diferenciado a la iniciativa privada y no se mida con la misma vara a los sujetos obligados. Hay aquí una injusta preferencia. A la Administración Pública se da un plazo de regularización hasta el inicio del ejercicio fiscal 2022, y para la IP el vencimiento es mañana 31 de julio”. Ortega Martínez explicó que, en la práctica, llevar a cabo todo el proceso de cumplimiento para una empresa ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, y el Sistema de Administración Tributaria, “implica más de 90 días (para el caso de una firma ya regularizada); pero si tiene que regularizarse y pagar adeudos, este proceso puede implicar hasta a seis meses”. La Cámara de Diputados turnó al Pleno de sus 500 legisladores el dictamen que contiene el ajuste a las reformas para la subcontratación laboral o del sistema outsourcing, con 45 votos a favor y 19 en contra, las comisiones del Trabajo y de Hacienda aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen que aplaza del 1 de agosto al 1 de septiembre de este año la entrada en vigor del decreto y sus nuevas exigencias para la contratación de los trabajadores en las empresas. La oposición votó en contra en ambas comisiones por considerar que es muy poco tiempo un mes de prórroga y piden que sea hasta enero del 2022, lo que Morena y sus aliados rechazaron. El diputado del PAN, José Isabel Trejo argumentó su voto en contra al afirmar que “se trata de que generemos un dictamen que genere condiciones jurídicas de certeza, sobre todo por los trabajadores, porque son los que están yéndose de las empresas”. Advirtió que “las empresas, al no poder cumplir con la nueva ley lo que están haciendo es despedir a trabajadores, y ahora se dice que este agregado es para generar condiciones fácticas. En términos claros, condiciones fácticas es hasta enero de 2022”. Fernando Galindo Favela, diputado del PRI, sostuvo que “hay que tenerlo claro, la realidad se va a imponer y si se aprueba este dictamen como se está proponiendo, de otorgar solamente un mes adicional, seguramente en un mes vamos a estar discutiendo si ampliamos otra vez el plazo, para proteger a los trabajadores y a las empresas de nuestro país”. “El problema que tenemos es que estamos viviendo la peor crisis económica de nuestra historia, donde se han perdido muchos empleos, donde la gente no ha podido conseguir un empleo”, dijo. Agregó que “El mensaje que tenemos que mandar desde la Cámara de Diputados es un mensaje de certidumbre a la economía, de certidumbre a los trabajadores, de certidumbre a las empresas”, insistió. El diputado Antonio Ortega, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), expuso que su rechazo al dictamen se debe a que “se amplía un mes el plazo para la IP, mientras que el gobierno, principal contratante, se dio un año; se necesita extender el margen a las empresas a enero próximo”. Recriminó “el hecho de que haya un trato diferenciado a la iniciativa privada y no se mida con la misma vara a los sujetos obligados. Hay aquí una injusta preferencia. A la Administración Pública se da un plazo de regularización hasta el inicio del ejercicio fiscal 2022, y para la IP el vencimiento es mañana 31 de julio”. Ortega Martínez explicó que, en la práctica, llevar a cabo todo el proceso de cumplimiento para una empresa ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, y el Sistema de Administración Tributaria, “implica más de 90 días (para el caso de una firma ya regularizada); pero si tiene que regularizarse y pagar adeudos, este proceso puede implicar hasta a seis meses”.