La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó posibles irregularidades vinculadas al contrabando de hidrocarburos en el Despacho Aduanal de Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte de la auditoría AU-47/2025. El reporte señala indicios de que funcionarios pudieron haber incurrido en omisiones sistemáticas en el registro de importaciones y exportaciones, lo que podría estar relacionado con el delito de huachicoleo fiscal.
La revisión, realizada entre 2023 y 2024, encontró que al menos nueve operaciones aduaneras, todas en la Aduana de Tuxpan, Veracruz, omitieron información clave en el Aviso Electrónico del Mecanismo de Selección Automatizada. Dicha omisión infringe la Ley Aduanera, específicamente los artículos 184 y 184-A, al no transmitir datos correctos sobre el valor y características de los hidrocarburos.
Cuatro de las nueve incidencias han sido resueltas de forma favorable, pero las restantes representan un riesgo legal y financiero para Pemex. La paraestatal fue sancionada con más de un millón de pesos en multas, de acuerdo con el informe.
La Secretaría alertó sobre la necesidad de reforzar los controles internos, mejorar el monitoreo de operaciones y fortalecer la ética del personal involucrado. Entre los auditados figuran agentes y representantes aduanales que operan en nombre de Pemex y que tienen facultades para realizar trámites internacionales de comercio.
El informe surge en un contexto de crecientes investigaciones binacionales sobre el tráfico ilegal de combustible entre México y Estados Unidos. El pasado 31 de marzo se reveló la incautación de un buque proveniente de Texas con 10 millones de litros de gasolina etiquetados falsamente como lubricantes. Posteriormente, el Departamento del Tesoro de EU implicó a grupos del crimen organizado mexicanos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, en esta actividad.
Una alerta emitida el 1 de mayo por la Red de Control de Delitos Financieros de EU (FinCEN) señaló que el tráfico ilegal de hidrocarburos se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para las organizaciones criminales en México. El modus operandi incluye sobornos o amenazas a empleados de Pemex y autoridades locales, así como el uso de documentación falsa y empresas fachada en ambos lados de la frontera.
La Secretaría de Marina también ha identificado operaciones ilícitas en puertos como Guaymas, Ensenada, Altamira y Tampico, donde buques descargan combustible en sitios no autorizados, evadiendo controles fiscales y aduaneros.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador, advirtió que el huachicoleo fiscal ha generado importantes pérdidas al erario y señaló la infiltración del crimen organizado en instituciones clave del aparato fiscal y aduanero mexicano.
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