Consejeros del INE alertan por desaparición de juntas distritales
Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) rompieron la calma técnica del órgano electoral y encendieron una alarma: si las 300 Juntas distritales se convierten en órganos temporales, el país podría regresar a un esquema de elecciones frágiles, con menos control en territorio y más dudas sobre los resultados. La advertencia llegó después de que el gobierno federal presentó los ejes de una Reforma Electoral que recorta estructura permanente y propone que buena parte del trabajo operativo se active sólo en años de comicios.
La frase “regresión de 45 años” no salió de la oposición, sino de un integrante del propio árbitro electoral. El consejero Jaime Rivera, uno de los rostros visibles del Consejo General, sostuvo que el modelo actual de juntas permanentes se construyó durante décadas para dejar atrás elecciones organizadas al vapor, sin memoria institucional y con equipos improvisados cada periodo electoral. En ese contexto, Consejeros del INE alertan por desaparición de juntas distritales como un golpe directo a esa construcción lenta y costosa.
Lo que está en juego en el territorio
En sus mensajes públicos, el consejero Jaime Rivera subrayó que el mejor mecanismo para organizar elecciones imparciales son las juntas distritales permanentes integradas por personal profesional de carrera, que conoce padrón, secciones, casillas y dinámicas locales más allá del calendario electoral. Para el consejero, desmantelar esta estructura y regresar a comités temporales no sólo “desanda” décadas, también abre huecos donde caben desde errores logísticos hasta presiones políticas en los distritos.
Las Juntas distritales no son una oficina más: desde ahí se ejecutan actividades del Instituto en cada uno de los 300 distritos, se revisa el Registro Federal de Electores, se organiza la instalación de casillas y se coordina la capacitación de las y los funcionarios que reciben y cuentan votos. Cuando la jornada electoral termina, en esas mismas sedes se realizan los cómputos distritales con boletas en mano, el momento en que los números dejan de ser preliminares y se vuelven oficiales. En los párrafos más extensos de este debate, Consejeros del INE alertan por desaparición de juntas distritales porque ahí se sostiene, en lo concreto, la confianza ciudadana sobre quién gana y quién pierde.
Reforma Electoral, recortes y dudas
La propuesta de Reforma Electoral, presentada por Pablo Gómez desde la Comisión Presidencial en la materia, dibuja una reingeniería del Instituto Nacional Electoral (INE) que incluye convertir las juntas distritales en órganos temporales y reducir hasta 70 por ciento su presupuesto en años sin elección federal. El argumento central apunta al ahorro y a la idea de que no se necesita una estructura tan robusta cuando no hay campañas, pero los consejeros advierten que la democracia no se sostiene sólo tres meses cada tres años.
Arturo Castillo, otro de los consejeros, cargó el acento sobre dos frentes que se debilitarían: la fiscalización en territorio —ese trabajo de revisar cómo gastan partidos y candidaturas en lonas, espectaculares, brigadas y eventos— y la geografía electoral, que define quién vota dónde y por cuáles cargos. En un país donde cada elección suma millones de boletas, miles de casillas y una competencia cerrada en varias regiones, una estructura temporal tendría menos margen para corregir errores y menos ojos para detectar trampas a tiempo.
Un árbitro más delgado, una democracia más expuesta
Detrás de la discusión técnica aparece una pregunta política: ¿hasta dónde se puede adelgazar al INE sin que la organización de elecciones se resienta? El instituto recuerda que hoy opera con 32 delegaciones y 300 subdelegaciones distritales, con personal profesional y administrativo que trabaja de forma continua, no sólo en temporada electoral. La eliminación de esa red permanente recortaría de golpe miles de plazas y dejaría a los procesos electorales con menos manos, menos experiencia acumulada y menos presencia cotidiana en los territorios más complicados.
Mientras el gobierno vende la iniciativa como una modernización del sistema y una forma de ahorrar recursos públicos, desde el INE y entre especialistas en materia electoral crece la idea de que el recorte puede salir caro si debilita los controles que dan certeza a los comicios. La discusión apenas se instala en la agenda pública, pero ya deja ver que el costo real no sólo se medirá en pesos, sino en la capacidad del país para aceptar los resultados de las próximas elecciones sin que la duda se meta hasta la última casilla.
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