El consejero electoral Arturo Castillo Loza advirtió este martes 29 de septiembre de 2026 que la fiscalización del INE sobre los gastos de los procesos internos de los partidos políticos llegará demasiado tarde, cuando ya hayan concluido las elecciones de 2027. Lo planteó durante la sesión del Consejo General, en la que se discutieron los plazos de revisión de informes de precampañas y campañas.
Castillo señaló que, de acuerdo con información de la Secretaría Ejecutiva, los recursos erogados en la selección de coordinadores se revisarán junto con el resto de las erogaciones ordinarias una vez que terminen los procesos electorales de 2027. Varios partidos, especialmente Morena, están definiendo esas figuras como posibles candidatos a gubernaturas.
El consejero advirtió que, si se actualizara algún acto anticipado de precampaña o campaña ligado a esos procesos, la detección ocurriría cuando ya no habría margen de corrección. Por eso sostuvo que sigue siendo necesario emitir lineamientos específicos.
¿Qué propuestas de fiscalización del INE fueron rechazadas?
Desde marzo de 2026, Castillo ha insistido en que el Instituto Nacional Electoral emita lineamientos para regular y fiscalizar de manera preventiva los procesos internos partidistas rumbo a 2027. Su proyecto, presentado en mayo, planteaba obligar a los partidos a reportar actividades, fiscalizar gastos y propaganda desde ahora.
También proponía prohibir el uso de tiempos oficiales de radio y televisión para posicionar aspirantes y sumar esas erogaciones a los topes de campaña si se acreditaban actos anticipados. El Consejo General rechazó esa propuesta por ocho votos contra tres.
Un segundo proyecto se retiró en julio. La mayoría de consejeros argumentó que regular esos procesos corresponde al Congreso, no al INE, o que las facultades vigentes ya cubren los actos anticipados.
Castillo y los consejeros que lo acompañaron, Carla Humphrey y Martín Faz, han sostenido lo contrario. Consideran que esperar una orden del Tribunal Electoral implica que el instituto renuncie a su función preventiva.
Han documentado propaganda, espectaculares y eventos en decenas de entidades, además de cientos de quejas ante organismos locales.
¿Por qué los tiempos ponen en riesgo la equidad de 2027?
El proceso electoral federal 2026-2027 inició formalmente en septiembre. Las precampañas están previstas para enero de 2027. Mientras tanto, los partidos avanzan en mecanismos internos como convocatorias, encuestas y designación de coordinadores territoriales o estatales.
Según Castillo, esas actividades ya tienen efectos públicos y de posicionamiento. Si esos gastos se clasifican como ordinarios, la Unidad Técnica de Fiscalización los revisará en los informes anuales.
Las resoluciones llegarían después de la jornada electoral del 6 de junio de 2027. Para entonces, cualquier rebase de tope o ventaja indebida ya no podría corregirse en la contienda.
El consejero ha insistido en que el criterio actual del Tribunal Electoral exige un llamado explícito al voto para configurar un acto anticipado. Ese estándar limita la capacidad del INE para intervenir, pero no justifica la inacción en fiscalización ni en el uso de tiempos del Estado.
¿Qué tensiones se vieron en el Consejo General?
En la sesión de este martes, representantes del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y el partido Somos denunciaron los procesos de coordinadores y las giras oficiales como precampañas adelantadas. El consejero Arturo Chávez, de reciente designación, defendió que el INE no debe legislar y que la regulación de esas prácticas corresponde al Congreso.
Castillo ha repetido en entrevistas y sesiones que el instituto no está arbitrando un proceso que, a su juicio, ya empezó hace meses. La advertencia de este martes resume esa postura: la revisión llegará, pero cuando ya no sirva para proteger la equidad de la elección que viene.
El debate deja abierta la diferencia entre una fiscalización preventiva y una revisión posterior. En el primer caso, el instituto podría detectar y contener ventajas indebidas antes de las precampañas. En el segundo, solo documentaría hechos cuando la contienda ya hubiera concluido.
Con las precampañas a unos meses de distancia, la fiscalización del INE a los procesos internos queda atada a los informes anuales y a resoluciones posteriores a junio de 2027. Esa calendarización es el núcleo de la alerta planteada este martes ante el Consejo General.
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