Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra Jesús “N”, identificado como colaborador de García Luna, por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos superior a los 5 mil millones de pesos destinados al sistema penitenciario federal. El caso se vincula con contratos firmados durante el periodo posterior al sexenio en el que Genaro García Luna encabezó la Secretaría de Seguridad Pública.
La medida cautelar fue impuesta luego de que la Fiscalía General de la República presentara datos que apuntan a la simulación de contratos entre 2013 y 2015, cuando el acusado habría intervenido en operaciones que permitieron extraer recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
¿Quién es el colaborador de García Luna detenido por este caso?
Jesús “N” fue señalado por autoridades federales como un ex funcionario vinculado al entorno cercano de Genaro García Luna, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública a nivel federal. De acuerdo con las investigaciones, el detenido habría tenido un rol operativo en la firma y gestión de contratos relacionados con servicios para el sistema penitenciario.
Las indagatorias apuntan a que su posición le permitió participar en procesos administrativos clave. Desde ahí, presuntamente facilitó la autorización de contratos que no correspondían a servicios reales o necesarios, lo que abrió la puerta al desvío sistemático de recursos públicos.
¿Cómo operaba el presunto desvío de recursos del OADPRS?
La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada estableció que entre 2013 y 2015 se habrían simulado contratos de adquisición de servicios. Estos acuerdos habrían sido utilizados como mecanismo para extraer recursos del presupuesto asignado al sistema penitenciario federal.
Según la investigación, el dinero desviado fue canalizado hacia empresas que, de manera indirecta, estarían bajo el control de Genaro García Luna. El esquema habría permitido mover grandes cantidades de recursos sin que estos se reflejaran en mejoras reales para los centros de reclusión.
¿Qué delitos se imputan al colaborador de García Luna?
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público imputó a Jesús “N” la probable comisión de delitos de alto impacto. Entre ellos se encuentran operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
Estas acusaciones se sustentan en la presunta utilización de recursos públicos con fines distintos a los autorizados, así como en la existencia de una estructura organizada para llevar a cabo el desvío. La autoridad judicial consideró que la gravedad de los delitos ameritaba la imposición de prisión preventiva oficiosa.
¿Dónde y cómo se realizó la detención del ex funcionario?
La detención de Jesús “N” se llevó a cabo en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos. La captura fue resultado del cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez federal.
En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. La acción se realizó en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.
¿Por qué se dictó prisión preventiva oficiosa?
Tras la imputación formal, la defensa del acusado solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica. Ante esta petición y la naturaleza de los delitos imputados, el juez determinó imponer prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
Jesús “N” fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez. La medida busca garantizar su comparecencia durante el proceso y evitar riesgos de fuga u obstrucción de la justicia.
¿Qué relevancia tiene este caso dentro de las investigaciones federales?
El proceso contra este colaborador de García Luna se suma a una serie de investigaciones orientadas a esclarecer el uso de recursos públicos durante administraciones pasadas. El caso pone el foco en el manejo del presupuesto del sistema penitenciario y en la presunta red de funcionarios y empresas involucradas.
Las autoridades han señalado que este tipo de procesos forman parte de una estrategia más amplia para combatir la corrupción y el desvío de recursos públicos, especialmente en áreas vinculadas a la seguridad nacional y el sistema de justicia.
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