La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para crear la ley general de extorsión en México.
La propuesta plantea homologar el delito en todo el país, permitir denuncias anónimas y establecer que se persiga de oficio.
El proyecto incluye también reformas al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo de fortalecer la persecución de este ilícito y reducir la impunidad.
Nuevas sanciones y agravantes del delito en la ley general de extorsión en México
La iniciativa propone un tipo penal básico con penas de 6 a 15 años de prisión. Además, incorpora 43 agravantes distribuidas en tres grupos, que permitirán aumentar la sentencia según la modalidad del delito.
Entre las circunstancias más graves se encuentran los casos relacionados con cobro de piso, imposición de precios, uso del sistema financiero o cuando se afecte a candidatos a cargos públicos.
Otro grupo contempla agravantes cuando la extorsión se cometa contra migrantes, menores de edad, personas embarazadas o adultos mayores. También se agravan las penas si se emplea violencia, se utiliza a menores, o el delito lo cometen funcionarios o exfuncionarios públicos.
Extorsión vinculada a delitos económicos y tecnológicos
La ley general de extorsión en México también busca sancionar con mayor severidad los delitos de contrabando y emisión de comprobantes fiscales falsos, los cuales se consideran graves.
Estas reformas surgen en un contexto de incremento del tráfico de combustibles, mercancías y precursores químicos en diversas regiones del país.
La propuesta subraya que la extorsión se ha vuelto más sofisticada debido al uso de tecnologías, medios telefónicos y electrónicos, que permiten a los responsables operar sin contacto directo con las víctimas.
Medidas complementarias y reparación del daño
El proyecto presidencial incluye la obligación de que las sentencias consideren la reparación integral del daño a las víctimas.
También prevé sanciones para quienes encubran o colaboren con los responsables, así como para quienes introduzcan dispositivos electrónicos en centros penitenciarios con el fin de facilitar actos extorsivos.
Asimismo, se establece que los directores de prisiones deberán contar con sistemas de bloqueo de señales de voz, datos e imágenes, como medida de prevención.
Ley general de extorsión en México: un enfoque integral contra la impunidad
De acuerdo con la exposición de motivos, la administración federal busca “cerrar el círculo de impunidad” y combatir la corrupción y negligencia que permiten la expansión de este delito.
La propuesta de ley general de extorsión en México pretende consolidar un marco normativo uniforme que fortalezca la acción de las autoridades y proteja de manera efectiva a la ciudadanía ante una práctica que afecta tanto el patrimonio como la seguridad emocional de las víctimas.
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