Después de las manifestaciones en el Palacio Municipal de Mérida, por la tortura y asesinato a joven veracruzano gay a manos de policías de esta localidad, comenzó a circular en las redes sociales, un video del homosexual, antes de que fuera victimizado; activistas exigen la aplicación de la Ley Ingrid para quien haya grabado y divulgado dicho material videográfico.
Los medios de comunicación locales que retomaron la divulgación del video anteponían la leyenda: enviado anónimamente.
Sin embargo, presuntamente el audio del video estaría manipulado, pero sobre todo, activistas denuncian que ante la divulgación del material sí podría aplicarse la Ley Ingrid, con la cual se aplica castigo a las personas que filtran imágenes o videos de víctimas de delitos.
“En febrero de 2020 se aprobó en Ciudad de México la Ley Ingrid y aquí se metió la iniciativa y esta ley dice que en caso de que servidores públicos, organismos policiacos difundan información, entreguen, revelen, publiquen, expongan, videograben, fotograben, fotografíen, reproduzcan y comercialicen imágenes, audios o videos de donde se realizan los hechos o el hallazgo de indicios o evidencias, pueden ser relacionados con un proceso legal”, comentó Kelly Ramírez Alpuche, presidenta de Igualdad Sustantiva Yucatán.
La activista mencionó que quienes incurren en este tipo de delitos podrían ser acreedores a sanciones por 500 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) y prisión de dos a ocho años.
Ramírez Alpuche afirmó que en caso de ser un policía quien haya filtrado el video es un delito y sería importante tomarlo en cuenta en el caso de José.