La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, confirmó el 24 de octubre de 2025 que 27 funcionarios y exfuncionarios se encuentran en prisión por su participación en el caso Segalmex, considerado el mayor escándalo de corrupción del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, la situación del exdirector general de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, permanece en el limbo jurídico, generando cuestionamientos sobre la impunidad en un fraude que involucra más de 15 mil millones de pesos.
Ignacio Ovalle, fuera del radar judicial
Durante la conferencia matutina presidencial, Raquel Buenrostro fue cuestionada sobre si existe una investigación contra Ignacio Ovalle, quien dirigió Segalmex cuando ocurrieron los desvíos más importantes. Su respuesta fue evasiva: “Hay que preguntarle al fiscal”.
Pese a insistencias, evitó confirmar si el exdirector enfrenta procesos, lo que contrasta con informes periodísticos que señalan que Ovalle no tiene ninguna carpeta abierta en la Fiscalía General de la República ni sanciones administrativas.
Esta falta de acción judicial ha generado críticas hacia las autoridades, que han encarcelado a mandos medios, pero no a los principales responsables del caso Segalmex.
El daño millonario y las nuevas irregularidades
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 15,151 millones de pesos durante los primeros tres años de operación de Segalmex (2019–2021). Aunque el gobierno intentó reducir la cifra oficial a 2,700 millones, los datos documentados por la ASF y la FGR confirman un daño mucho mayor.
En febrero de 2025, se detectaron 452 millones adicionales de posibles desvíos en Segalmex, Diconsa y Liconsa, lo que demuestra que las irregularidades continuaron pese al escándalo mediático y las promesas de control interno.
Los detenidos: mandos medios, no los jefes
Entre los 27 detenidos confirmados, el funcionario de mayor rango es René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También figura Hugo Buentello Carbonell, exsubdirector de Operaciones de Liconsa, implicado en contratos irregulares por 1,687 millones de pesos para procesar leche en plantas inexistentes.
Aun así, ninguno de los altos mandos de la estructura central de Segalmex ha sido procesado penalmente, alimentando sospechas de protección política.
Promesas de justicia en el nuevo sexenio
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que su gobierno no tolerará la corrupción, pero la falta de avances contra Ovalle plantea dudas sobre si habrá justicia plena en el caso Segalmex.
Raquel Buenrostro propuso endurecer la Ley de Responsabilidades Administrativas para impedir que delitos graves terminen con sanciones menores o simples inhabilitaciones.
Aun así, el desafío político y judicial continúa: demostrar que la lucha contra la corrupción no se queda solo en el discurso.
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