El Senado avanzó la discusión de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, cuyo objetivo es unificar criterios en todo el país y aumentar las penas por el delito de extorsión en México. El dictamen fue aprobado por unanimidad en las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos y se turnó a la Mesa Directiva para su análisis en el pleno.
La reforma incluye cambios en 25 artículos y establece que la extorsión será perseguida de oficio. Las víctimas podrán presentar denuncias anónimas con el fin de reducir el riesgo asociado a reportar este tipo de delitos.
¿Qué cambios plantea la nueva ley sobre extorsión?
Las comisiones del Senado acordaron elevar las penas base y ampliar el catálogo de agravantes. El tipo penal general aumentará de 15 a 25 años de prisión, y la sanción podría acumularse con otras penas dependiendo de la modalidad.
El dictamen establece 34 agravantes que reflejan la diversidad de prácticas asociadas a este delito. Entre ellas se considera el uso de violencia física o moral, la participación de servidores públicos, la operación desde centros penitenciarios o la simulación de accidentes vehiculares con fines de cobro indebido.
¿Cuáles serán las penas máximas por extorsión?
La penalidad más alta será de hasta 42 años de prisión. Esta aplicará a quienes ejecuten extorsiones desde cárceles, se presenten como miembros de grupos criminales o utilicen su cargo público para cometer el ilícito. También se aplicará esta pena a quienes provoquen accidentes vehiculares para exigir pagos, conocidos como “monta-choques”.
La ley prevé una pena de hasta 37 años cuando la extorsión afecte a grupos de migrantes o cuando se utilice información privada para intimidar o coaccionar. Asimismo, se contempla una sanción de hasta 33 años en casos de cobro de piso en sectores empresariales, industriales, agrícolas, ganaderos o pesqueros, así como cuando se presione a candidatos o funcionarios electos.
¿Qué implicaciones habrá para los servidores públicos y personas privadas de la libertad?
El dictamen fija una pena de 10 a 20 años para servidores públicos encargados de investigar delitos, impartir justicia o custodiar centros penitenciarios que no denuncien actos de extorsión. La intención es reducir la complicidad institucional y fortalecer la persecución del delito.
También se sancionará con 6 a 12 años de prisión a las personas privadas de la libertad que posean dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, por ser instrumentos utilizados frecuentemente en esquemas de extorsión. La misma penalidad aplicará a funcionarios que faciliten el ingreso de estos aparatos a los centros penitenciarios.
¿Por qué se considera urgente reformar este delito?
Durante la discusión, legisladores destacaron que la extorsión tiene altos niveles de cifra negra: alrededor del 97% de los casos no se denuncian debido al temor de represalias. La propuesta señala que el Estado debe asumir la responsabilidad de investigar sin requerir la ratificación de la denuncia inicial.
Senadores de diversas fuerzas políticas coincidieron en que la extorsión ha superado un enfoque meramente patrimonial y se ha convertido en una amenaza generalizada para millones de personas. Algunos legisladores advirtieron que para que la ley sea viable se requerirá financiamiento suficiente y mecanismos de protección a víctimas.
¿Qué sigue en el proceso legislativo?
El dictamen será discutido en el pleno del Senado en una segunda sesión vespertina. Legisladores de Morena y de la oposición anticiparon un respaldo mayoritario, aunque señalaron que la implementación requerirá coordinación, recursos y seguimiento permanente.
La discusión también evidenció tensiones entre grupos parlamentarios ali aliados, pero todos coincidieron en la necesidad de fortalecer las penas por el delito de extorsión en México y actualizar el marco legal para atender un problema que afecta al país entero.
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