La ASF denuncia a Álvarez-Buylla ante FGR por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su gestión al frente del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). La acusación, presentada por la ASF, involucra presuntos desvíos relacionados con la extinción de cuatro fideicomisos en 2021, cuando la científica aún era directora del organismo.
ASF denuncia a Álvarez-Buylla ante FGR: contexto del caso
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la recepción de la denuncia, que se deriva de observaciones no solventadas en auditorías de la Cuenta Pública 2021. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el monto observado asciende a 57 millones de pesos, recursos vinculados con fideicomisos liquidados durante la política de austeridad impulsada por el gobierno federal.
La denuncia llega en un momento en que la figura de María Elena Álvarez-Buylla, exdirectora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), enfrenta cuestionamientos por presuntos conflictos de interés y un uso discrecional de fondos públicos.
Durante su gestión, la funcionaria habría autorizado la asignación de recursos a proyectos de investigación en los que ella misma figuraba como responsable o beneficiaria, como el estudio “Patrones Genéricos y Sistémicos de la Diferenciación y la Proliferación en los Nichos de Células Troncales”, por 751 mil pesos, y otro encabezado por su madre, Elena Roces, por más de 2.7 millones.
Los proyectos bajo la lupa
Ambos proyectos, avalados por el entonces Conacyt, con el argumento de impulsar investigación básica en bioquímica, genética y biología molecular. Sin embargo, las fechas de aprobación coinciden con los recortes a becas de manutención para miles de estudiantes de posgrado, entre ellos los del Cinvestav, que desde 2024 han denunciado falta de apoyos.
Mientras la exfuncionaria defendía su gestión en términos de “eficiencia y ética científica”, más de cien estudiantes del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) reportaron quedarse sin beca desde enero de 2024. La situación, agravada por cambios en los programas federales de apoyo, obligó a muchos a pausar sus proyectos o abandonar el país.
La respuesta de Álvarez-Buylla
En una carta difundida en redes sociales, María Elena Álvarez-Buylla sostuvo que las irregularidades detectadas “fueron identificadas en su momento por el Órgano Interno de Control (OIC) y atendidas conforme a los procesos administrativos”. Rechazó cualquier acto ilícito y aseguró que actuó siempre “a favor del interés público y la ciencia nacional”.
No obstante, fuentes cercanas a la investigación indicaron que la ASF consideró insuficiente la documentación presentada por el Conahcyt y decidió escalar el caso a la Fiscalía General de la República (FGR). La funcionaria no ha sido citada formalmente, pero se prevé que la indagatoria avance en los próximos meses.
Estudiantes sin beca y crisis en la ciencia pública
Paralelamente, persiste el malestar en la comunidad científica por la reducción de becas y el desmantelamiento del Sistema Nacional de Posgrados. Más de 2 mil 400 programas de maestría y doctorado habrían quedado fuera del padrón oficial en 2024 y 2025, dejando a miles de estudiantes sin apoyo.
La situación se agrava con la transición institucional: el Conahcyt, elevado a rango de Secretaría y hoy opera como la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, encabezada por Rosaura Ruiz Gutiérrez. Aunque la reestructuración buscaba mayor transparencia, los recortes presupuestales y las reglas de operación del programa Becas Elisa Acuña han generado una brecha entre el discurso de equidad y la realidad de los laboratorios.
Una gestión polémica y un legado en disputa
El nombre de María Elena Álvarez-Buylla sigue ligado a controversias como el desarrollo de la vacuna Patria contra Covid-19, que enfrentó demoras de más de tres años antes de obtener la aprobación de uso de emergencia.
A diferencia de sus colegas científicos, Álvarez-Buylla apostó por un modelo de investigación “soberano y moralmente responsable”. Sin embargo, los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) pone bajo la lupa los límites entre la autonomía científica y la rendición de cuentas.
El caso, además, subraya la tensión constante entre austeridad, gestión técnica y responsabilidad pública en la ciencia mexicana.
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