La posición del Gobierno federal sobre la reciente reforma a la Ley de Amparo fue expuesta por Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno. El funcionario aclaró que la presidenta Claudia Sheinbaum no respalda leyes contrarias a la Constitución y que no se avalará la aplicación retroactiva. Esta definición surge tras la polémica generada por el artículo transitorio incluido en la iniciativa aprobada en el Senado. En Cambio Diario te trae los detalles de lo expresado por Arturo Zaldívar sobre la ley de amparo.
Confusión en el transitorio de la reforma
De acuerdo con Zaldívar, el artículo transitorio presenta ambigüedades sobre la aplicación retroactiva de la ley, lo que ha generado interpretaciones encontradas. Subrayó que los juicios en curso se regirán por la norma vigente en la etapa procesal en la que se encuentren, mientras que las nuevas reglas se aplicarán solo a fases posteriores.
Explicó que el Ejecutivo federal reconoce la necesidad de aclarar el texto para evitar interpretaciones que contradigan la Carta Magna. En este sentido, consideró que la redacción debe ser pedagógica y precisa, con el fin de dejar en claro que no se revocarán suspensiones que ya han causado estado.
Arturo Zaldívar sobre la ley de amparo y las garantías constitucionales
Al referirse a las críticas hacia la reforma, Zaldívar sostuvo que algunas observaciones se basan en preocupaciones legítimas, mientras que otras derivan de interpretaciones erróneas del transitorio. Reiteró que la postura oficial es no aceptar disposiciones que contravengan los derechos adquiridos en procesos ya concluidos.
Indicó que las actuaciones jurídicas posteriores a la entrada en vigor de la reforma sí deberán regirse bajo las nuevas disposiciones, pero sin afectar etapas previas. Por ello, exhortó a los legisladores a incorporar una redacción más clara y contundente que evite dudas sobre el alcance de la ley.
Debate legislativo y modificaciones a la iniciativa
Zaldívar reconoció que los senadores realizaron cambios importantes a la propuesta inicial que fortalecieron el proyecto. Sin embargo, puntualizó que el transitorio en cuestión sigue siendo confuso y, por lo tanto, requiere ajustes específicos para impedir una aplicación retroactiva que la Constitución prohíbe expresamente.
Con esta postura, el Gobierno federal busca asegurar que la reforma cumpla con los principios constitucionales y que el Poder Legislativo precise el marco legal para evitar interpretaciones que vulneren derechos procesales ya adquiridos.