Aprueban comisiones reforma para ampliar delitos con prisión preventiva oficiosa
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta medida, que modifica el artículo 19 de la Constitución, fue avalada por 26 votos a favor y 14 en contra, a pesar del rechazo de la oposición.
La reforma establece la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para delitos como la extorsión, el narcomenudeo, la producción y distribución de drogas sintéticas como el fentanilo, así como para delitos de defraudación fiscal y la emisión ilícita de comprobantes, en un esfuerzo por combatir a las llamadas “factureras”.
Durante el debate, los diputados de la oposición criticaron la medida, argumentando que es violatoria de los derechos humanos y que podría aumentar el número de personas inocentes en prisión, afectando principalmente a los sectores más vulnerables de la población. El priista Rubén Moreira destacó que la reforma podría contravenir el principio de presunción de inocencia establecido en la justicia penal.
El panista Santiago Torreblanca señaló que siete de cada diez personas en prisión preventiva provienen de sectores marginados, lo que indica que la medida impacta desproporcionadamente a los más pobres. En tanto, su compañera de partido, Paulina Rubio, subrayó que la prisión preventiva oficiosa genera ineficiencias y opacidad en las fiscalías.
Braulio López, diputado de Movimiento Ciudadano, advirtió que la reforma podría llevar a falsas imputaciones de delitos. Recordó que organismos internacionales como la ONU han urgido la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.
Por otro lado, los legisladores de Morena, como Caro Cabrera e Ismael Brito, defendieron la reforma, argumentando que es necesaria para castigar a delincuentes que cometen delitos graves como la extorsión y el narcomenudeo. Brito mencionó que en 2017, solo en materia de defraudación fiscal, se detectaron montos que ascendieron a 93 mil millones de pesos, de los cuales se recuperaron 55 mil 125 millones.
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