En Cambio Diario informó que diversas organizaciones civiles han acusado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de obstaculizar el proceso legal en la elección judicial. La frase clave “Acusan al TEPJF de obstaculizar proceso legal en elección judicial” destaca la gravedad de las acusaciones.
Contexto de la elección judicial
La elección de magistraturas en el TEPJF ha sido objeto de controversia. Organizaciones civiles impugnaron la elección, argumentando que el TEPJF no puede ser juez y parte en la selección de sus propios integrantes, como lo establece la Constitución.
Detalles de la demanda presentada
Miguel Ángel Meza, líder de la organización Defensores, señaló que presentaron una demanda para solicitar la nulidad de la elección de magistraturas. Sin embargo, acusan que el expediente de dicha demanda fue retenido por el TEPJF.
Retención del expediente por el TEPJF
Las organizaciones afirman que el expediente quedó en la ponencia del magistrado Felipe Fuentes, quien recientemente desechó la “Operación Acordeón”. Sostienen que el magistrado está usurpando funciones que corresponden a la Suprema Corte.
Reacciones y declaraciones de los involucrados
Meza declaró: “El Tribunal Electoral se robó la demanda que presentamos contra la elección judicial. Así, tal como lo escuchan”. Las organizaciones consideran que esta acción viola el derecho de acceso a la justicia y los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Implicaciones legales y constitucionales
La retención del expediente por parte del TEPJF es vista como una violación al debido proceso. Las organizaciones argumentan que la única autoridad competente para conocer el juicio de inconformidad es la Suprema Corte.
Exigencias a la Sala Superior
Las organizaciones exigen que la Sala Superior remita de inmediato el expediente a la Suprema Corte. La dilación injustificada, según ellos, vulnera el marco normativo electoral y atenta contra la integridad del sistema democrático.
Llamado a la transparencia judicial
La situación plantea serias preocupaciones sobre la transparencia y legalidad en el proceso de elección judicial. Las organizaciones civiles continúan presionando para que se respeten los principios constitucionales y se garantice el acceso a la justicia.