Una encuesta de Enkoll para el diario El País reveló que un 84% de los encuestados cree que el expresidente Felipe Calderón debería ser investigado por posibles vínculos con el narcotráfico, luego de que en el juicio contra su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, se reveló que supuestamente habría dado protección al Cártel de Sinaloa.
La encuesta encargada preguntó a mil 223 mujeres y hombres mayores de 18 años en todo el país, de forma presencial, entre el 4 y el 7 de febrero. “Un promedio del 54% de los consultados, aunque no todos estén al tanto del juicio, opina que las acusaciones contra él son “sólidas y creíbles”. Desde luego, si se le pregunta solamente a quienes están atentos, ese porcentaje sube hasta el 77%”, refirió el diario.
La semana pasada al presentarse como testigo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia mencionó a Calderón y a García Luna al hablar sobre una reunión de seguridad convocada por el entonces presidente en la Ciudad de México en 2011, siendo Ney González Sánchez el gobernador nayarita.
Observando directamente a García Luna desde el banquillo de los testigos en la sala 8D de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, Veytia dijo: “Calderón y García Luna le dijeron al gobernador (Ney González) que en Nayarit la línea era del Chapo”.
Calderón rompe el silencio
La declaración provocó la reacción inmediata del propio Calderón quien se había mantenido al margen de hacer declaraciones sobre el juicio. “Me he reservado opinar sobre el juicio al ing. García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Veytia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales”, escribió el exmandatario en Twitter.
Cabe destacar que en diciembre pasado, García Luna fue declarado culpable en un juicio en Nueva York de tres delitos de conspiración para traficar cocaína y de hacer declaraciones falsas, por lo que podría enfrentar una pena de cadena perpetua. Además, se encuentra en espera de un segundo juicio en el que enfrenta nuevos cargos relacionados con corrupción y sobornos.
Estas acusaciones han puesto en duda la estrategia de seguridad del gobierno de Calderón, que implementó la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006, lo que ha generado un aumento en la violencia en el país. Además, han surgido cuestionamientos sobre el papel de las fuerzas de seguridad mexicanas en la lucha contra el narcotráfico y su posible corrupción.
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