Washington intercepta otro buque frente a Venezuela y consolida un patrón de interdicciones que ya preocupa a gobiernos y mercados energéticos. Fuentes oficiales estadounidenses confirmaron que fuerzas de ese país están “interdictando y confiscando” una embarcación en aguas internacionales cercanas a Venezuela, en una operación liderada por la Guardia Costera con apoyo militar. Se trata del segundo buque detenido en la zona en menos de dos semanas, después de la captura del petrolero sancionado Skipper el pasado 10 de diciembre, en una acción justificada por Washington como aplicación de sanciones a la red petrolera venezolana.
La operación se inscribe en la campaña anunciada por Donald Trump para impedir el tránsito de buques vinculados al comercio de crudo venezolano, en un esfuerzo por cortar fuentes de ingreso al gobierno de Nicolás Maduro. La interdicción se realiza en medio de un despliegue inusual de medios navales estadounidenses en el Caribe, que incluye al portaaviones USS Gerald R. Ford y varios buques escolta, lo que ha sido leído como una señal de presión militar y política ampliada.
Bloqueo de facto al petróleo venezolano
Washington intercepta otro buque frente a Venezuela mientras crecen las denuncias de que se configura un bloqueo de facto al petróleo del país sudamericano. Tras la captura del Skipper, un gran petrolero sancionado por sus vínculos previos con Irán, funcionarios estadounidenses reconocieron que, en los hechos, se ha instalado un embargo marítimo: varias embarcaciones cargadas con crudo venezolano permanecen inmovilizadas en aguas cercanas al país para evitar el riesgo de ser incautadas por las autoridades de Estados Unidos. El Skipper habría zarpado del terminal de Jose con más de un millón de barriles de crudo pesado y estaba bajo sanciones desde 2022, lo que lo convirtió en blanco prioritario de la campaña de presión.
Mientras tanto, otra nave sancionada, identificada como Hyperion y registrada bajo bandera de Gambia, fue rastreada entrando a aguas venezolanas pese a la amenaza de un “bloqueo total y completo” contra los buques que transporten petróleo venezolano, emitida por Trump. Aunque algunas compañías, como Chevron, mantienen permisos específicos para mover crudo venezolano en el marco de licencias limitadas, la presión se ha trasladado a los transportistas y a las rutas marítimas que sostienen la economía de Caracas, generando incertidumbre sobre futuros envíos.
Escalada militar y amenaza de ataques en tierra
La ofensiva marítima forma parte de una estrategia más amplia, que incluye ataques a presuntos barcos de narcotráfico en el Caribe y frente a la costa venezolana, presentada por Trump como una extensión de la “guerra” contra los cárteles. Desde septiembre se han registrado al menos 28 ataques contra embarcaciones acusadas de transportar drogas, con un saldo de más de cien muertos, en operaciones que mezclan dispositivos navales, aeronaves y fuerzas especiales en mar abierto.
En paralelo, el mandatario ha amenazado con autorizar “golpes en tierra” contra objetivos vinculados al narcotráfico o a la estructura de poder de Maduro, lo que alimenta los temores de una confrontación directa con Venezuela. Autoridades venezolanas califican la captura de buques petroleros como “acto de piratería” y “robo a mano armada” en alta mar, y han advertido que acudirán a instancias internacionales para denunciar lo que consideran una violación del derecho marítimo y de su soberanía económica.
Reacción de Caracas y reacomodo regional
El gobierno venezolano sostiene que estas operaciones buscan asfixiar aún más una economía debilitada por años de sanciones y caída en la producción de hidrocarburos, dificultando tanto las exportaciones como la obtención de divisas. En respuesta al aumento de interdicciones, la Armada venezolana ha comenzado a escoltar algunas embarcaciones que cargan petróleo en sus puertos, en abierto desafío al “bloqueo” anunciado desde Washington y como intento de disuasión frente a futuras incautaciones.
Gobiernos y analistas de la región advierten que el patrón de interceptar buques —tanto sancionados como no sancionados, pero que transportan crudo venezolano— puede sentar un precedente delicado para el comercio marítimo global y para la seguridad jurídica de navieras y aseguradoras. También alertan sobre el impacto en países que dependen del petróleo venezolano, así como en la estabilidad de rutas por donde circulan mercancías, combustibles e incluso migrantes que huyen de la crisis y pueden quedar atrapados en medio de esta nueva disputa marítima.
Mantente actualizado con las noticias más relevantes con En Cambio Diario.