La jornada de movilizaciones en Perú dejó un saldo de protestas en Perú marcado por un manifestante muerto y más de 120 heridos, en medio de un escenario de profunda crisis política y social. La revuelta, liderada principalmente por jóvenes, expone un país sumido en inseguridad, desconfianza institucional y demandas urgentes de cambio.
Origen de las protestas: reforma previsional como chispa inicial
El movimiento se originó el 13 de septiembre de 2025 con marchas pequeñas en el Centro Histórico de Lima. El detonante formal fue la oposición a la Ley N.º 32123, una reforma al sistema de pensiones promulgada el 20 de septiembre. Dicha normativa obliga a todo mayor de 18 años a afiliarse a una AFP o a la ONP.
La ley generó rechazo porque impone descuentos obligatorios incluso a quienes trabajan de forma informal o independiente, y limita la libre disposición del ahorro jubilatorio. Además, los afiliados menores de 40 años perderían el derecho a retirar el 95,5 % de su fondo al jubilarse.
Sin embargo, las demandas pronto superaron el tema previsional. Los manifestantes comenzaron a exigir cambios sustantivos en el sistema político, el cierre del Congreso, nuevas elecciones generales y acciones concretas contra la extorsión y el sicariato.
Contexto de inseguridad y criminalidad
Una de las raíces profundas de las protestas es la violencia creciente en el país. Según cifras oficiales, en promedio se presentan 75 denuncias por extorsión cada día. Entre enero y agosto de 2025 se registraron 18,385 casos. En paralelo, los homicidios han superado seis diarios; en agosto se reportaron 209 asesinatos. Para octubre, el total de homicidios acumulados era de 1,684.
En un periodo de cinco años, los casos de extorsión aumentaron un 478 %, al pasar de 3,872 denuncias en 2019 a 22,400 en 2024. El sector transporte ha sido especialmente afectado: solo en Lima y Callao, 46 conductores han sido asesinados en el último año por negarse a pagar cupos a organizaciones criminales.
La Cámara de Comercio de Lima advierte que más de 2 millones de empresas enfrentan un ambiente sofocante por la delincuencia organizada, con la extorsión y el sicariato convertidos en las mayores amenazas para la inversión y el empleo formal.
Crisis en el poder: de Dina Boluarte a José Jerí
La crisis política escaló cuando, el 10 de octubre de 2025, el Congreso destituyó a la presidenta Dina Boluarte mediante una moción de vacancia por incapacidad moral. Boluarte había gobernado desde diciembre de 2022 con índices de desaprobación superiores al 95 %.
En su lugar asumió José Jerí Oré, de 38 años y ex presidente del Congreso. También se convirtió en el séptimo mandatario en Perú en menos de una década. Su llegada, lejos de apaciguar el clima, intensificó las demandas ciudadanas. Los manifestantes lo acusan de carecer de experiencia y de enfrentar acusaciones de abuso sexual (negadas por él).
Durante su investidura, Jerí prometió un “gobierno de empatía y reconciliación nacional” y declaró una “guerra contra la delincuencia”, pero sus ofertas no han frenado las movilizaciones que exigen su renuncia y la disolución del Congreso entero.
Saldo de protestas en Perú el 15 de octubre: punto de quiebre y repercusiones
La Marcha Nacional del 15 de octubre marcó un punto decisivo. Miles de personas se movilizaron en al menos 15 regiones del país, incluyendo Lima, Arequipa, Cusco, Trujillo, Iquitos y Piura. En Lima, el inicio fue pacífico en la Plaza San Martín, pero al caer la noche hubo enfrentamientos cerca del Congreso, avenida Abancay y Plaza Francia.
La policía respondió con gas lacrimógeno y perdigones, mientras algunos manifestantes arrojaron piedras, fuegos artificiales o bombas molotov. El resultado fue devastador: un manifestante muerto y más de 120 heridos. Las cifras oficiales reportan entre 78 y 88 policías lesionados, 24 a 32 civiles afectados y 10 periodistas heridos. También hubo entre 10 y 17 detenciones.
Víctima y responsabilidad policial
La víctima fatal fue identificada como Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, de 32 años, conocido en la escena musical como “Trvko”. Padre de un niño de nueve años, participaba en la protesta junto con amigos. Según reconstrucciones oficiales, Ruiz fue alcanzado por un disparo en el tórax cerca de la Plaza Francia cerca de las 23:30 horas.
La policía identificó al autor del disparo como el suboficial Luis Magallanes, quien presuntamente actuaba encubierto entre los manifestantes. El agente fue acusado de disparar mientras intentaba huir tras ser descubierto. Ruiz fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza, pero llegó sin signos vitales.
La Fiscalía abrió una investigación por violaciones graves de derechos humanos. El ministro del Interior negó inicialmente la presencia de policías de civil, aunque luego el defensor de la Policía reconoció su participación.
Respuesta del presidente Jerí y medidas de emergencia
El 16 de octubre, Jerí se presentó ante el Congreso y lamentó el fallecimiento de Ruiz. Reconoció la existencia de expresiones ciudadanas legítimas, pero acusó a pequeños grupos de intentar alterar el orden pacífico. Reiteró que no renunciará y que su prioridad es mantener la estabilidad del país.
Anunció que solicitará facultades legislativas para legislar en materia de seguridad ciudadana sin pasar por el Parlamento. También adelantó que el gobierno implementará un paquete de medidas para combatir a la delincuencia organizada y el sicariato.
El primer ministro, Ernesto Álvarez, anunció además que se declarará estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, con suspensión de derechos constitucionales como la libertad de reunión, el tránsito y la inviolabilidad del domicilio. No descartó un toque de queda. Aseguró que la medida debe ir acompañada de acciones concretas y eficaces.
Durante las protestas se reportaron dos civiles con heridas graves: un caso de trauma abdominal por perdigones que requirió cirugía, y otro de traumatismo craneal severo con pronóstico reservado.
Generación Z en Perú: protagonistas y demandas
Las movilizaciones están lideradas por jóvenes nacidos entre finales de los 1990 y principios de la década del 2010, con edades entre 13 y 28 años. El movimiento nació a través de convocatorias en redes sociales y pequeñas agrupaciones universitarias, incorporando luego grupos ecologistas, animalistas, sindicatos y asociaciones estudiantiles.
Entre sus demandas centrales figuran nuevas elecciones generales, la disolución del Congreso, una reforma política profunda, transparencia gubernamental, acciones urgentes contra la extorsión y el sicariato, mejores salarios y pensiones, y la derogación total de la reforma del sistema de pensiones.
Como símbolo adoptaron la bandera pirata del anime One Piece, presente también en protestas juveniles en Nepal e Indonesia.
Saldo de protestas en Perú hasta el momento
De acuerdo con el reporte de la Defensoría del Pueblo, las protestas del 15 de octubre dejaron un total de 120 heridos: 32 civiles (incluyendo tres menores), 88 policías y 10 periodistas. Además, un manifestante falleció. El Ministerio de Salud informó que 29 civiles recibieron atención hospitalaria en diversos centros públicos, con lesiones que en su mayoría van de leves a moderadas.
Este episodio se inscribe en una historia de inestabilidad política en Perú. En menos de diez años, el país ha tenido siete presidentes, con gobiernos que no logran completar mandatos y instituciones debilitadas. En 2020, grandes protestas derrocaron a un presidente en solo cinco días. Asimismo, entre 2022 y 2023 se produjeron manifestaciones masivas contra Pedro Castillo y Dina Boluarte que dejaron un saldo de protestas en Perú trágico con decenas de muertos.
¿Hacia dónde va Perú?
Perú se encuentra en una encrucijada. El nuevo presidente interino enfrenta baja legitimidad popular. Su Congreso es acusado de sostener un pacto con el Ejecutivo. La ciudadanía movilizada exige transformaciones profundas. Con elevados índices de criminalidad y una juventud decidida a mantenerse en las calles, el futuro del país se perfila como un choque entre una población movilizada y un aparato político en crisis que espera no empeore el saldo de protestas en Perú.
Las próximas semanas serán clave para determinar si el diálogo podrá frenar el impulso de las protestas o si el país caerá en una fase aún más intensa de confrontación.
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