En Cambio Diario informa que, el 10 de julio de 2025, un juez federal en New Hampshire bloqueó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento. Este fallo representa un revés significativo para la administración y ha generado un intenso debate sobre los derechos constitucionales en Estados Unidos.
¿Qué decía la orden ejecutiva de Trump?
La orden ejecutiva, firmada por Trump en enero de 2025, pretendía negar la ciudadanía automática a los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no fueran ciudadanos o residentes legales. Esta medida reinterpretaba la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense. La administración argumentaba que la frase “sujetas a su jurisdicción” permitía excluir a los hijos de inmigrantes indocumentados o visitantes temporales.
El papel de la ACLU y la demanda colectiva
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda colectiva en nombre de todos los niños nacidos en Estados Unidos después del 20 de febrero de 2025, que podrían verse afectados por la orden ejecutiva. La demanda, conocida como Barbara v. Trump, argumentaba que la medida violaba la Enmienda 14 y causaría daños irreparables a los niños afectados. El juez Joseph Laplante aceptó certificar la demanda como colectiva, permitiendo que el caso representara a todos los niños en situación similar.
La decisión del juez Joseph Laplante
El juez Laplante, nombrado por el expresidente George W. Bush, emitió una orden judicial preliminar que bloquea la implementación de la orden ejecutiva a nivel nacional. En su fallo, afirmó que la política propuesta causaría “daños irreparables” y probablemente era inconstitucional. Aunque la Corte Suprema había limitado recientemente las medidas cautelares universales, el juez señaló que las demandas colectivas aún podían justificar bloqueos a nivel nacional.
Implicaciones legales y constitucionales
Este caso resalta la tensión entre el poder ejecutivo y el judicial en la interpretación de la Constitución. La decisión del juez Laplante subraya la importancia de las demandas colectivas como herramienta para proteger derechos civiles, especialmente cuando las acciones ejecutivas afectan a amplios sectores de la población. Además, el fallo podría sentar un precedente sobre cómo se manejan las órdenes ejecutivas que intentan reinterpretar disposiciones constitucionales fundamentales.
Reacciones y próximos pasos
La administración Trump, que reicntemente impuso arancel del 50% al cobre, ha criticado la decisión, argumentando que desafía la autoridad presidencial y la reciente sentencia de la Corte Suprema. Sin embargo, grupos de derechos civiles y legisladores demócratas han elogiado el fallo como una victoria para la Constitución y los derechos de los inmigrantes. Se espera que el gobierno apele la decisión, lo que podría llevar el caso nuevamente ante la Corte Suprema en su próximo período.
Un capítulo más en la batalla legal
La suspensión de la orden ejecutiva de Trump por parte del juez Laplante marca un momento crucial en el debate sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Mientras el país espera la resolución final de este caso, la decisión refuerza el papel del poder judicial en la protección de los derechos constitucionales frente a acciones ejecutivas controvertidas.