Fue vinculado a proceso Juan Manuel López Arroyo, extitular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales, de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y a Carlos Óscar Espinosa Castañeda, exrector de la Universidad Politécnica de Texcoco, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. López Arroyo ya había sido vinculado por el citado delito, pero en agravio de una institución educativa de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Ahora se le vinculó por la probable contratación indebida de servicios con recursos económicos públicos y por solicitar el otorgamiento indebido de autorizaciones de contenido económico, a una casa de estudios de Texcoco de la misma entidad.
La Fiscalía General de la República (FGR) también imputó a Espinosa Castañeda por ser parte de la contratación indebida de servicios, ocasionando con su decisión un daño material a la Hacienda Pública Federal por más de 150 millones de pesos.
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente impuso a los vinculados a proceso la prohibición de salir sin autorización del país y la presentación periódica mensual; también fijó cuatro meses como plazo de investigación complementaria.