El gobierno del presidente Donald Trump ha dado luz verde a las redadas migratorias en lugares previamente considerados “protegidos” como escuelas, iglesias y hospitales. La decisión, anunciada este martes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), revoca la directriz emitida en 2021 durante la administración de Joe Biden, que restringía los arrestos en estos sitios.
La directriz anulada establecía que las autoridades migratorias necesitaban la aprobación de un superior para realizar redadas en lugares sensibles como centros educativos, de salud, lugares de culto, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestaciones y centros de ayuda tras desastres naturales.
Según el DHS, la eliminación de esta política “empodera” a los agentes para actuar libremente y “seguir las leyes” al perseguir a los llamados “criminales extranjeros”. Sin embargo, el comunicado del departamento no presentó pruebas concretas sobre la presencia de criminales en estos sitios.
Argumentos del Gobierno de Trump sobre redadas
Un portavoz del DHS afirmó que hay personas que “se esconden en las escuelas y las iglesias” para evadir ser arrestadas. Esta decisión fue presentada como un paso para reforzar la seguridad y cumplir con las leyes migratorias.
La medida forma parte del compromiso de campaña de Trump de implementar la mayor campaña de deportaciones en la historia de Estados Unidos. Apenas un día después de asumir la presidencia, Trump reiteró que se enfocaría en hacer cumplir estrictamente las leyes de inmigración del país.
La directriz de 2021, ahora anulada, buscaba garantizar que las personas extranjeras no tuvieran miedo de acudir a lugares esenciales, como hospitales o albergues, para recibir ayuda. El memorando de la administración Biden enfatizaba:
“Podemos cumplir con nuestra misión sin negar o limitar el acceso de los individuos a la comida, el albergue o la fe”.
Grupos defensores de derechos humanos han señalado que la decisión de Trump podría generar temor entre las comunidades migrantes, especialmente aquellas más vulnerables, como mujeres víctimas de violencia o personas que requieren atención médica urgente.
Con esta decisión, lugares que antes se consideraban refugios seguros ahora podrían convertirse en puntos de alto riesgo para los migrantes indocumentados. Organizaciones civiles han advertido que esto podría disuadir a las personas de buscar ayuda médica, educación o apoyo en casos de emergencia, lo que podría derivar en graves consecuencias sociales y de salud pública.
El cambio en la política migratoria refleja el enfoque rígido del gobierno de Donald Trump hacia la inmigración, marcando un contraste significativo con las medidas de protección implementadas por la administración anterior. Mientras tanto, se espera que esta decisión genere un intenso debate en torno a los derechos humanos y la seguridad de las comunidades migrantes en Estados Unidos.