Estados demócratas de EU denuncian a Trump por eliminar ciudadanía por nacimiento
Un grupo de 18 estados con gobiernos demócratas ha presentado una demanda contra el presidente Donald Trump por su reciente orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Esta medida, firmada por Trump horas después de asumir su segundo mandato, ha generado una fuerte oposición por considerarse “ilegal” y contraria a la Constitución.
La orden ejecutiva de Trump establece que las personas nacidas en territorio estadounidense de padres indocumentados o con estatus migratorio temporal, como una visa de trabajo o turista, no podrán obtener la ciudadanía estadounidense. Según los estados demandantes, entre los que se encuentran Nueva York, California, Colorado y las ciudades de Washington y San Francisco, esta decisión contradice directamente la Enmienda 14 de la Constitución, la cual garantiza la nacionalidad a toda persona nacida en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
En su demanda, los estados argumentan que el presidente carece de la autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional mediante una orden ejecutiva. Además, advierten que esta medida causaría un daño “inmediato e irreparable” a millones de residentes en sus jurisdicciones.
La eliminación de la ciudadanía por nacimiento afectaría gravemente a los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados, ya que no podrían obtener pasaportes ni ser reconocidos como ciudadanos por la Administración del Seguro Social. Esto les dificultaría acceder a derechos básicos, así como trabajar legalmente en el país.
Eliminar este derecho ha sido una demanda recurrente de sectores conservadores y de la administración de Trump desde su primer mandato (2016-2021). Sin embargo, hasta ahora, ningún presidente había dado un paso tan contundente para tratar de anular este derecho constitucional.
Expertos legales señalan que, para cambiar la interpretación de la Enmienda 14, sería necesario proponer una enmienda constitucional. Este proceso requeriría una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado, además de la ratificación de tres cuartas partes de los estados. Según el historiador Scott Bomboy, del National Constitution Center, esta vía es extremadamente difícil de lograr y el decreto presidencial de Trump tiene altas probabilidades de ser anulado por los tribunales.
Aunque no existen cifras exactas, el Centro de Investigación Pew estima que en 2022 había aproximadamente 1.3 millones de adultos estadounidenses cuyos padres carecían de estatus legal. De implementarse la orden ejecutiva, millones de personas podrían ver afectado su estatus y derechos legales, generando un impacto significativo en comunidades migrantes.
Organizaciones de derechos civiles también han alzado la voz contra esta medida, calificándola como inconstitucional.
