La brutal muerte de Sara Millerey González, mujer trans de 32 años, ha generado indignación a nivel nacional. El pasado fin de semana, un video difundido en redes sociales mostró a Millerey siendo golpeada y luego arrojada a un riachuelo en Bello, Antioquia, donde murió tras sufrir graves lesiones.
Según las autoridades, la víctima fue rescatada con vida, pero falleció al día siguiente debido a la gravedad de las heridas. Testigos relataron que sus agresores le rompieron brazos y piernas antes de lanzarla al agua, impidiéndole escapar o pedir ayuda.
El caso fue catalogado por activistas y autoridades como un transfeminicidio. La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, calificó el hecho como un acto atroz y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos colombianos por información que conduzca a la captura de los responsables, quienes aún se encuentran prófugos.
Organizaciones como Caribe Afirmativo señalaron que el asesinato de Millerey no es un hecho aislado. Solo en lo que va de 2025, se han registrado 25 crímenes contra personas LGBTQ+ en Colombia, de los cuales 15 eran personas trans, y más de la mitad de estos casos ocurrieron en Antioquia.
El Ministerio de Igualdad y Equidad convocó una mesa de seguimiento urgente, mientras que el presidente Gustavo Petro condenó el crimen calificándolo como un acto de “fascismo” y de eliminación violenta de la diversidad.
La congresista Jennifer Pedraza también se pronunció en el Congreso, criticando a las autoridades locales por revictimizar a Millerey al referirse a ella con su nombre de nacimiento. “Este país le falló en vida y ahora también en su muerte”, declaró.
El caso ha vuelto a poner en el centro del debate la urgente necesidad de políticas de protección eficaces para la población trans en Colombia, y el reconocimiento pleno de su identidad.