La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un controvertido proyecto de ley que busca cambiar oficialmente el nombre del Golfo de México por el de “Golfo de América”, una iniciativa impulsada por legisladores republicanos y que ha provocado tensiones diplomáticas y políticas.
La medida, presentada por la congresista Marjorie Taylor Greene, busca reforzar el decreto firmado por el expresidente Donald Trump el 20 de enero, en el inicio de su segundo mandato, con el cual ordenó el uso del nuevo nombre en documentos y mapas oficiales dentro del país. El objetivo del proyecto de ley es evitar que una futura administración revoque el cambio con facilidad, dado que una ley solo puede modificarse mediante un nuevo proceso legislativo.
El proyecto fue aprobado por un estrecho margen, con 211 votos a favor y 206 en contra. Incluso algunos miembros del Partido Republicano, como el congresista Don Bacon, expresaron su desaprobación. Bacon calificó la medida como “infantil” y afirmó que el país no necesita ese tipo de gestos simbólicos: “Somos los Estados Unidos de América. No somos la Alemania del Kaiser Wilhelm ni la Francia de Napoleón”, declaró.
La propuesta, sin embargo, tiene pocas probabilidades de avanzar en el Senado, donde requiere apoyo demócrata. Por ello, se considera en gran parte simbólica, ya que no obliga a otros países a adoptar el nuevo nombre y su validez internacional es nula.
El cambio ya comenzó a implementarse en plataformas tecnológicas dentro de Estados Unidos. Empresas como Google y Apple han actualizado sus mapas para reflejar el nombre de “Golfo de América” en las versiones dirigidas al público estadounidense.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó con ironía ante la decisión del gobierno estadounidense, sugiriendo que, en reciprocidad, México podría referirse a Estados Unidos como “América Mexicana”, aludiendo a antiguos mapas del siglo XVII en los que amplias zonas del actual territorio estadounidense formaban parte de la Nueva España.
La decisión también ha generado tensiones con medios de comunicación. La agencia de noticias Associated Press (AP) se negó a adoptar el nuevo término, lo que provocó su exclusión temporal de la cobertura en la Casa Blanca y en vuelos presidenciales. En abril, un juez federal dictaminó que dicha exclusión violaba la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU., que garantiza la libertad de prensa.
Según estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso, el cambio de nombre costaría menos de 500 mil dólares en cinco años, incluyendo la actualización de mapas y documentos oficiales. Las instituciones educativas y bibliotecas tendrían que asumir los gastos de modificación de sus propios materiales.
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