Gobierno y Fonatur ‘enfrentados’ por proyectos turísticos
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que los proyectos RIU Riviera Cancún y Grand Island pasaron por procesos de autorización federal e incluso dijo que uno de ellos enfrentó litigios que logró sortear luego de varios meses en tribunales.
Por lo anterior, aseveró que solicitar que no se construyan estos complejos en Cancún, como lo hizo el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), atenta con la certidumbre jurídica, “que es esencial para la atracción de nuevas inversiones”.
El mandatario indicó que ambos proyectos cuentan con autorizaciones hechas por dependencias federales durante el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ante lo cual consideró que deben analizarse en función de su cumplimiento con los requerimientos legales y entonces determinar su viabilidad.
“Se cumple con lo que la ley pide hoy. Los proyectos que se tienen (como RIU Riviera Cancún) han tenido procesos judiciales que permiten ofrecer determinada certeza jurídica. No se está yendo en contra de la ley, sino todo lo contrario, existe una certeza de los mismos.
“Habrá que hablar con el Fonatur respecto de esta situación. Eso genera derechos adquiridos. Tal como están planteados los proyectos es en función de cómo estaba el programa director (de Cancún) al momento de su adquisición”, expuso.
Adelantó que buscará una reunión con el director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, para conocer las inquietudes expresadas en torno a la sobredensificación en Cancún: “Habrá una revisión de cualquiera de estos dos proyectos”.
Sobre las recientes declaraciones de Jiménez Pons respecto a que ambos proyectos fueron autorizados en periodos “muy oscuros” de Cancún, Joaquín González comentó: “Habrá que demostrarlo, ya que ha habido todo un proceso legal sobre el RIU, principalmente, que lleva ya muchos meses de procesos, de demandas, de amparos, que evidentemente le han dado un tema jurídico. Habrá que el privilegiar el respeto a la ley y respeto a la certeza jurídica en Quintana Roo, más allá de un comentario de tipo mediático”.
En recientes declaraciones para El Economista, el director general del Fonatur señaló que han ofrecido canje de terrenos en otros destinos turísticos de México a los dueños de los proyectos hoteleros Grand Island y RIU Riviera Cancún, de 3,000 y 500 habitaciones, respectivamente, para que se abstengan de construir en la zona hotelera de Cancún, debido a que ya no existe la capacidad para dar servicio a nuevas habitaciones en el destino más importante de Quintana Roo.
Por su parte, Marisol Vanegas, secretaria de Turismo en Quintana Roo, afirmó que los desarrollos Grand Island y RIU Riviera Cancún no tienen impedimento alguno para concluir sus obras.
En relación al ofrecimiento del Fonatur de llevar esos proyectos a otros destinos, la funcionaria acentuó que seguramente está fundado en la preocupación de hasta dónde crecer, “pero Quintana Roo es una entidad que siempre ha estado muy ocupada, generando confianza y certeza en las inversiones.
“La preocupación de Fonatur es legítima y obligará a pensar en el futuro cómo continuar con el crecimiento garantizando infraestructura”, expresó.
Destacó que la certeza jurídica para las inversiones está plasmada en que tengan los permisos correspondientes y hayan hecho todos los trámites necesarios. “Todos los desarrolladores están sujetos a los planes de desarrollo urbano de los municipios y en esos casos no existe ningún impedimento para que concluyan los proyectos”.
Hay casos como la zona continental de Costa Mujeres, ejemplificó, que pertenece al municipio de Isla Mujeres, donde no se ha concluido todavía el servicio de drenaje y vialidades y es una de las zonas de mayor crecimiento de oferta hotelera, “pero eso no quiere decir que esos desarrollos no vayan a contar con todas infraestructura de servicios ya proyectada y en obra”.
Detalló que el único instrumento para determinar la capacidad de un área turística son los Programas de Desarrollo Urbanos Municipales; en Grand Island y RIU Riviera “no hay problemas de violación a esa normatividad establecida (…) Mientras nuevos proyectos no violen los programas, no hay impedimento para construir más cuartos”.
(Con información de Marcrix/ El Economista)