Ciudad de México, 7 de octubre de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó esta mañana, en Palacio Nacional, el decreto sobre doble nacionalidad que promulga la reforma constitucional. El cambio exige nacionalidad mexicana única para aspirar a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El texto se publicará en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Sus efectos de elegibilidad empezarán a aplicarse en el proceso electoral de 2028. La firma ocurrió durante la conferencia matutina.
Sheinbaum estuvo acompañada por la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde. La mandataria explicó que, a partir de 2028, quien busque esos cargos solo podrá ser mexicano o mexicana. Alcalde precisó que la reforma ya cumplió el procedimiento del artículo 135 constitucional.
¿Qué establece el decreto sobre doble nacionalidad?
La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Para la Presidencia se mantiene el requisito de ser mexicano o mexicana por nacimiento, hijo o hija de padre o madre mexicanos, y haber residido en el país al menos 20 años.
Se añade la prohibición de tener o adquirir otra nacionalidad. Quien la posea deberá renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidato o candidata ante el Instituto Nacional Electoral. El mismo criterio se aplica a las gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno capitalina.
La restricción no se limita al momento del registro. Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.
Quedan comprendidos el uso de pasaporte o documento de identidad de un Estado extranjero, el ejercicio de derechos políticos de esa otra ciudadanía y el acogerse a su protección diplomática. El incumplimiento se sancionará conforme al Título Cuarto de la Constitución y, en su caso, a las constituciones locales.
¿A quiénes no alcanza la nueva regla?
La reforma no elimina la doble nacionalidad para la población en general. Cualquier mexicano puede conservar o adquirir otra nacionalidad. La restricción opera solo como requisito de elegibilidad y de ejercicio para esos tres cargos ejecutivos.
Tampoco alcanza a quienes ya desempeñen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno al entrar en vigor el decreto. Las candidaturas de 2027 quedan fuera del nuevo requisito.
El Congreso de la Unión tendrá 90 días naturales para adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral. Las entidades deberán armonizar sus normas en el mismo plazo. Alcalde adelantó que las reglas precisarán el trámite de renuncia.
Ese trámite no se limitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores. También intervendrán las autoridades del país cuya nacionalidad se renuncie.
¿Cómo avanzó la reforma en el Congreso?
Sheinbaum presentó la iniciativa a finales de agosto. El argumento oficial fue de soberanía y lealtad exclusiva. Quienes encabezan los ejecutivos federal y locales deben mantener un vínculo jurídico y político exclusivo con el Estado mexicano.
En conferencias posteriores citó, como contraste, casos de mandatarios latinoamericanos con doble nacionalidad, entre ellos el ecuatoriano Daniel Noboa. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen el 22 de septiembre.
Hubo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general. En lo particular fueron 334 a favor, 109 en contra y una abstención, tras desechar 226 reservas. El Senado lo avaló el 29 de septiembre con 86 votos a favor y 42 en contra, el mínimo de la mayoría calificada.
Morena, PT y PVEM respaldaron el proyecto. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. El senador del Verde Luis Armando Melgar rompió la disciplina de su bancada. Después, al menos 22 congresos locales ratificaron la minuta, entre ellos Baja California, Oaxaca y la Ciudad de México.
El día anterior a la firma, Diputados y Senado emitieron la declaratoria de constitucionalidad. Con ello se cerró el procedimiento previsto en la Constitución.
¿Qué dijeron oficialismo y oposición?
El oficialismo sostiene que la coexistencia de dos nacionalidades genera un conflicto de lealtades incompatible con la titularidad del Ejecutivo, sobre todo frente a posibles injerencias extranjeras. Afirma que no se suprime ningún derecho general de los mexicanos en el exterior.
Sheinbaum calificó de agravio falso la idea de que la reforma despoje de derechos a la diáspora. Reiteró que los paisanos pueden mantener varias nacionalidades, salvo si aspiran a esos cargos. La oposición argumentó que el cambio restringe derechos políticos de mexicanos migrantes o binacionales.
Señaló a quienes nacieron en el extranjero por circunstancias familiares o laborales. También recordó que el artículo 32 constitucional y la reforma de 1997, que permitió conservar la nacionalidad mexicana al adquirir otra, ya fijaban un marco suficiente.
En el debate se mencionó de forma reiterada al exgobernador panista de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, investigado en México y residente en Estados Unidos, quien ha hablado de una eventual candidatura presidencial hacia 2030. Desde Morena se respondió que las elecciones se ganan en México y que la norma no está redactada contra una persona.
¿Qué falta para aplicar el requisito?
Queda pendiente el desarrollo reglamentario del procedimiento de renuncia y la forma en que el Instituto Nacional Electoral verificará que el vínculo jurídico con el otro Estado haya cesado de manera efectiva antes del registro.
La consejera jurídica Luisa María Alcalde explicó que el decreto ya cuenta con el respaldo de la mayoría calificada en ambas cámaras y de 22 legislaturas estatales. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el documento en Palacio Nacional durante la conferencia matutina.
Hasta entonces, la doble nacionalidad sigue siendo plenamente compatible con la ciudadanía mexicana. Deja de serlo, a partir de 2028, con la aspiración a dirigir el Ejecutivo federal, un gobierno estatal o el de la Ciudad de México.
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