El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lanzó el 30 de septiembre de 2026 una advertencia dirigida a servidores públicos mexicanos que presuntamente faciliten las operaciones del Cártel de Sinaloa. El mensaje, difundido desde su cuenta oficial en X, se produjo un día después de que el Departamento del Tesoro anunciara nuevas sanciones contra la red de Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.
Qué dijo el embajador en X
Johnson explicó que las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) demuestran que la estrategia estadounidense apunta a toda la estructura criminal y no solo a sus líderes. Precisó que en esa categoría caben traficantes, lavadores de dinero, empresas fachada y funcionarios corruptos.
El diplomático sostuvo que la presión se concentra en el dinero de las organizaciones. También recordó las recompensas de hasta cinco millones de dólares por información sobre tres presuntos integrantes de la red: Alfonso Arzate García, René Arzate García y Juan José Ponce Félix. Concluyó que quienes dirigen, aprovechan o facilitan estas redes no tendrán dónde ocultarse.
Es importante delimitar el alcance. El mensaje no anuncia una operación militar ni detenciones inminentes. Es la interpretación política del embajador sobre una medida financiera ya publicada por el Departamento del Tesoro.
Las sanciones del 29 de septiembre
La OFAC designó a 21 personas y 25 entidades como dirigentes o facilitadores del Cártel de Sinaloa, en particular de Los Mayos, la facción que Washington atribuye a Mayito Flaco. De acuerdo con el Tesoro, el propósito es debilitar el control criminal de plazas fronterizas en Baja California.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que ningún capo, funcionario corrupto mexicano o facilitador financiero queda fuera del alcance de las autoridades de su dependencia. Las designaciones se fundamentan en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, esta última modificada, que cubren narcotráfico y apoyo al terrorismo.
Una designación de este tipo tiene efectos concretos:
- Bloquea los bienes de los señalados que estén en territorio estadounidense o en manos de personas de ese país.
- Prohíbe a ciudadanos y empresas de EE.UU. hacer negocios con ellos.
- Implica riesgo de sanciones secundarias para bancos extranjeros.
- Alcanza a entidades en las que un designado tenga 50% o más de participación.
No equivale a una condena penal ni a una orden de extradición.
Los funcionarios y operadores señalados
El Tesoro menciona a varios exfuncionarios y operadores políticos. Se trata de acusaciones administrativas de Washington, no de sentencias:
- Carlos Alberto Torres Torres, exdiputado federal y exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Según el Tesoro, habría usado su influencia para proteger al grupo criminal. Su visa estadounidense fue revocada en mayo de 2025.
- Luis Alfonso Torres Torres, su hermano, señalado de manejar sobornos y lavar recursos mediante empresas y campañas.
- Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, acusado de recibir sobornos a cambio de control policial.
- Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanal y exasesor legislativo, señalado de otorgar favores políticos a cambio de pagos.
Torres rechazó cualquier vínculo criminal y anunció que impugnará la medida. El Gobierno de Baja California se deslindó, recordó que la gobernadora está divorciada de Torres y que no aparece en la lista, y ordenó revisar si las empresas señaladas tienen contratos estatales. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a las 46 personas físicas y morales a la Lista de Personas Bloqueadas como medida preventiva. La UIF aclaró que esto no implica por sí solo responsabilidad penal.
El antecedente de abril: la imputación contra Rocha Moya
La ofensiva no comenzó en septiembre. El 29 de abril de 2026, la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York (USAO-SDNY) hizo pública una acusación contra el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios. Entre ellos figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez, el entonces alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, el secretario de Finanzas Enrique Díaz Vega y el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra. Se les atribuye conspirar con el cártel para introducir droga a EE.UU. a cambio de sobornos y respaldo político.
Rocha negó los cargos y los calificó como un ataque a la Cuarta Transformación. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que no protegerá a quien haya cometido un delito, pero advirtió que sin evidencia clara las acusaciones tienen carácter político y que no aceptará injerencia extranjera. Pidió a la Fiscalía General de la República una revisión paralela.
La imputación de abril es penal y contempla detención y posible extradición. Las sanciones de septiembre son financieras. Johnson las presenta como parte de una misma lógica.
Quién es Ronald Johnson
Ronald Douglas Johnson es embajador en México desde el 19 de mayo de 2025, cuando presentó sus cartas credenciales. El Senado estadounidense lo confirmó el 9 de abril de 2025 por 49 votos contra 46. Es veterano del Ejército, donde se retiró como coronel, y exintegrante de la CIA. Fue embajador en El Salvador entre 2019 y 2021, y habla español.
Durante su audiencia de confirmación no descartó una acción unilateral en territorio mexicano si peligrara la vida de estadounidenses, aunque dijo que preferiría actuar junto con México. Su gestión ha generado fricciones: en abril de 2026 por la muerte de dos oficiales de la CIA en Chihuahua, y en junio, cuando Sheinbaum le recordó que los embajadores deben respetar los asuntos internos. También ha elogiado operativos conjuntos y el 23 de septiembre afirmó que su país quiere colaborar “como buenos vecinos”.
Qué no está demostrado
- La designación de la OFAC es una determinación administrativa del Tesoro y puede impugnarse.
- La imputación contra Rocha es una acusación de un gran jurado y no existe condena.
- El bloqueo de la UIF es preventivo.
- El mensaje del embajador expresa una política, no una lista nueva de órdenes de aprehensión.
En las primeras horas, Sheinbaum no respondió directamente a este mensaje. Su postura reciente es que la información proveniente del extranjero debe procesarse mediante instituciones mexicanas.
En suma, Johnson no anunció una ofensiva nueva. Convirtió en mensaje político una lista de sanciones ya publicada. Las acusaciones, tanto las financieras como las penales, siguen siendo eso hasta que un tribunal las pruebe.
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