18 policías en Quintana Roo han sido encontrados con responsabilidad por mal desempeño de sus funciones, de acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad Ciudadana estatal, en un contexto marcado por investigaciones contra elementos policiales y por la detención de cuatro agentes presuntamente relacionados con la privación de la libertad de tres jóvenes en Chetumal.
El anuncio coloca nuevamente el desempeño de las corporaciones de seguridad bajo escrutinio público, particularmente después de que la Fiscalía General del Estado confirmó que tres jóvenes fueron privados de la libertad el pasado 29 de agosto y que cuatro policías —tres municipales y uno estatal— fueron detenidos por su presunta participación en los hechos.
La situación abre dos asuntos diferentes que deben analizarse por separado: por un lado, los procedimientos derivados del mal desempeño de policías en Quintana Roo y, por otro, las investigaciones penales contra los agentes señalados específicamente por la privación ilegal de la libertad.
18 policías en Quintana Roo enfrentan responsabilidad
El dato de los 18 policías en Quintana Roo adquiere relevancia porque muestra que las autoridades están aplicando procedimientos internos para revisar la actuación de los elementos.
Encontrar responsabilidad por mal desempeño de funciones no significa automáticamente que todos los agentes estén relacionados con delitos graves. La naturaleza de cada expediente depende de las conductas investigadas y de las resoluciones correspondientes.
La actuación policial está sujeta a principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. La legislación estatal contempla responsabilidades para los servidores públicos cuando incumplen las obligaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
Esto significa que una conducta indebida puede generar consecuencias administrativas o disciplinarias sin que necesariamente constituya un delito.
¿Qué significa que un policía sea encontrado responsable?
La responsabilidad de un elemento policial puede derivarse de incumplimientos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
Entre las obligaciones establecidas para las corporaciones se encuentran actuar conforme a la ley, respetar los derechos de las personas, evitar detenciones sin causa legal, preservar la integridad de los detenidos y abstenerse de recibir gratificaciones o realizar actos arbitrarios.
Por ello, los procedimientos disciplinarios buscan determinar si un servidor público se apartó de las obligaciones que tenía asignadas.
En cada expediente deben respetarse además las garantías procesales correspondientes.
El caso de los tres jóvenes en Chetumal
El anuncio sobre los 18 policías en Quintana Roo ocurre pocos días después de uno de los casos que más preocupación ha generado en materia de seguridad en Chetumal.
La madrugada del 29 de agosto, tres jóvenes fueron privados de la libertad después de haber acudido a establecimientos nocturnos.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Luis Manuel Cervantes Cámara, Jonathan Farid Manzanilla Aguilar y Everardo Enrique Hernández Manzanilla fueron interceptados en distintos puntos del bulevar Bahía.
Dos de ellos fueron localizados con vida inicialmente y el tercero, Everardo Enrique, fue encontrado posteriormente durante los recorridos de búsqueda realizados por las autoridades.
El caso tomó una nueva dimensión cuando la Fiscalía confirmó la detención de cuatro policías por su presunta participación.
Cuatro policías fueron detenidos por el caso
La investigación estableció inicialmente la posible participación de elementos de seguridad en los hechos.
Finalmente fueron detenidos cuatro policías en activo: tres pertenecientes a la Policía Municipal de Othón P. Blanco y un elemento de la Policía Estatal.
Los agentes quedaron a disposición de un juez de control y enfrentan acusaciones relacionadas con desaparición forzada de personas, abuso de autoridad y robo de vehículo, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía.
Es importante precisar que se trata de acusaciones y que la responsabilidad penal deberá determinarse mediante el procedimiento judicial correspondiente.
La Fiscalía señaló que los agentes presuntamente participaron en la interceptación de los jóvenes y posteriormente los habrían entregado a integrantes de un grupo delictivo.
Los tres jóvenes fueron localizados con vida
Uno de los elementos más relevantes del caso es que los tres jóvenes fueron localizados con vida.
El primero de los operativos permitió ubicar a dos de ellos, mientras que el tercero fue encontrado posteriormente y recibió atención médica antes de ser trasladado al Hospital General.
La localización permitió concentrar la investigación en establecer quiénes participaron en la privación de la libertad y cuál fue el papel desempeñado por cada uno de los involucrados.
La seguridad de Quintana Roo enfrenta un reto institucional
El caso llega en un momento en que las autoridades estatales han destinado recursos importantes para fortalecer las corporaciones policiales.
En marzo de 2026, el Gobierno de Quintana Roo informó una inversión superior a 100 millones de pesos para entregar 21 mil 736 bienes estratégicos a corporaciones de seguridad de los 11 municipios, incluidos vehículos, motocicletas, equipo tecnológico y uniformes.
El fortalecimiento de infraestructura y equipamiento, sin embargo, debe acompañarse de controles internos, capacitación y mecanismos efectivos de supervisión.
Una corporación puede contar con patrullas, tecnología y mejores instalaciones, pero la confianza ciudadana también depende de la conducta de quienes utilizan esos recursos.
Profesionalización policial, otro frente de la estrategia
La formación de los agentes constituye otro de los componentes de la estrategia de seguridad.
En Playa del Carmen, por ejemplo, el programa de Formación Inicial para Policía de Proximidad contempla más de mil horas de capacitación para nuevos elementos, con contenidos relacionados con capacidades operativas, disciplina, legalidad y actuación ética.
Este tipo de formación busca reducir errores y fortalecer las capacidades de los agentes antes de incorporarlos plenamente a las tareas de seguridad.
La profesionalización adquiere mayor importancia cuando existen investigaciones relacionadas con abuso de autoridad o actuaciones presuntamente contrarias a la ley.
La SSC ya ha reconocido irregularidades policiales
El caso de los 18 policías en Quintana Roo tampoco ocurre de manera aislada.
En agosto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió una disculpa pública por hechos ocurridos en Playa del Carmen, después de una recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
La dependencia reconoció en ese caso que elementos policiales realizaron una detención arbitraria y cometieron actos de tortura, además de actuar al margen de principios de legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.
La propia SSC informó que iniciaría investigaciones ante los órganos de disciplina y asuntos internos para determinar responsabilidades.
El antecedente muestra la importancia de distinguir entre una acusación penal, una investigación administrativa y una responsabilidad institucional.
¿Qué pasa con los policías investigados?
Cuando un policía es señalado por una conducta indebida, las autoridades deben determinar qué tipo de responsabilidad corresponde.
Si existen indicios de un posible delito, el asunto puede ser llevado ante la Fiscalía y posteriormente ante un juez.
Cuando se trata de incumplimientos administrativos o disciplinarios, el procedimiento puede desarrollarse dentro de los órganos correspondientes de control y disciplina policial.
La legislación de Quintana Roo establece que los integrantes de las instituciones policiales deben responder personalmente por determinadas conductas y que las responsabilidades pueden coexistir con otras sanciones previstas en la legislación aplicable.
Por ello, la cifra de 18 elementos encontrados con responsabilidad por mal desempeño no debe interpretarse como si todos enfrentaran el mismo tipo de acusación.
El caso de Chetumal aumenta la presión sobre las corporaciones
La detención de cuatro policías por su presunta participación en la privación de tres jóvenes representa un desafío especialmente delicado para las instituciones de seguridad.
La razón es evidente: los policías tienen precisamente la responsabilidad de prevenir delitos, proteger a la población y actuar dentro del marco legal.
La Fiscalía estatal ha señalado que no habrá tolerancia para servidores públicos que abusen de su cargo o colaboren con organizaciones criminales.
El mensaje también implica que las investigaciones deben alcanzar a todos los niveles involucrados, independientemente de la corporación a la que pertenezcan los agentes.
La confianza ciudadana depende de sancionar las malas conductas
La seguridad pública no se limita al número de policías desplegados en las calles.
También implica garantizar que los elementos conozcan sus atribuciones, respeten los derechos humanos y sean supervisados de manera permanente.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana establece entre sus responsabilidades garantizar condiciones de seguridad y convivencia para habitantes y visitantes de Quintana Roo.
Cuando un elemento policial incurre en una conducta irregular, la respuesta institucional tiene un doble objetivo: determinar responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
Por eso, los procedimientos contra los 18 policías en Quintana Roo deben ser acompañados de información clara sobre las conductas investigadas y las resoluciones que correspondan en cada expediente.
El reto es recuperar la confianza en la Policía
El caso de los tres jóvenes de Chetumal colocó nuevamente en el centro del debate la actuación de los cuerpos de seguridad.
Los tres fueron localizados con vida, pero la investigación reveló la presunta participación de cuatro policías, lo que llevó el caso de un problema de seguridad pública a una crisis de confianza institucional.
Al mismo tiempo, el señalamiento de que 18 policías han sido encontrados con responsabilidad por mal desempeño muestra que existen mecanismos internos para revisar la actuación de los elementos.
El reto ahora será demostrar que esos mecanismos funcionan, que las investigaciones no se quedan en expedientes administrativos y que cualquier agente que haya abusado de su autoridad enfrenta las consecuencias que determine la ley.
Quintana Roo ha incrementado recursos, equipamiento y capacitación para sus corporaciones. El siguiente paso es garantizar que cada peso invertido y cada elemento desplegado estén acompañados de profesionalismo, controles efectivos y respeto irrestricto a los derechos de la ciudadanía.
Porque la confianza en una policía no se construye solamente con patrullas nuevas o más agentes en las calles: se construye cuando la población sabe que quien porta una placa también está obligado a cumplir la ley.
