Armagedón
Alfredo A. Calderón Cámara
“Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre” Isaías 32: 17
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Cinco personas fueron asesinadas en unas cuantas horas. Cuatro en Cucuyulapa, Cunduacán. Una más en Jonuta. Eso es lo que, hasta la tarde de ayer reportaban medios locales sobre una jornada que vuelve a colocar a Tabasco frente a uno de sus problemas más difíciles: la distancia que puede existir entre la mejoría estadística de la seguridad y la sensación cotidiana de vulnerabilidad de la población
Conviene comenzar con una precisión. Cinco homicidios en un día no demuestran por sí mismos que toda la estrategia de seguridad haya fracasado, como tampoco una disminución porcentual permite afirmar que el problema está resuelto. De hecho, apenas en julio la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que tanto Cunduacán como Jonuta estaban entre los municipios donde habían disminuido los homicidios dolosos durante el primer semestre de 2026
Precisamente por eso lo ocurrido hoy resulta políticamente relevante. Porque una estadística puede descender durante seis meses y, sin embargo, cuatro cadáveres en una comunidad pueden destruir en unas horas la percepción de seguridad construida durante semanas a base de trabajo. El desafío para el gobierno de Javier May no consiste únicamente en demostrar que existen menos homicidios que antes. Consiste en demostrar que el Estado conserva la capacidad de prevenir, reaccionar, investigar y castigar
La violencia tiene una dimensión fuera de previsión cuando hombres armados llegan, disparan, asesinan y se retiran sin una detención inmediata, el mensaje que recibe la comunidad proviene de una calle donde antes no había violencia. Y ese mensaje puede ser devastador: “Aquí pudieron matar.” En Jonuta resulta particularmente delicado que el homicidio ocurriera en una zona comercial y a plena luz de la dinámica cotidiana del municipio
El reporte disponible señala que la víctima era un joven conductor de 20 años que fue interceptado y atacado a balazos; posteriormente la Policía Municipal acordonó el área y, al momento del reporte, no había detenidos. En Cucuyulapa, el saldo preliminar es todavía mayor: al menos cuatro personas asesinadas, según el reporte publicado la tarde de ayer
Hasta el momento de cerrar este espacio, no existía información pública suficiente para afirmar quiénes fueron los autores, cuál fue el móvil o si los cinco homicidios responden a una misma organización criminal. Inventar esa conexión sería fomentar los rumores. Pero tampoco sería serio minimizar lo sucedido. Es indudable que el área de seguridad de las instituciones trabaja, pero también es dable reconocer que imposible detectar el lugar donde será la próxima ejecución o la identidad de la futura posible víctima
Entendamos: existe un daño que no aparece en las carpetas de investigación. El miedo. Después de un asesinato no solamente existe una víctima directa. Cambian rutinas. Los comerciantes cierran antes. Las familias evitan determinadas carreteras. Los padres preguntan a qué hora regresarán sus hijos. Los testigos prefieren guardar silencio. Y poco a poco puede instalarse algo todavía más peligroso que el miedo: la normalización
En las comunidades el homicidio no sucede así, sino que deja de ser una cifra. Tiene apellido, domicilio, hijos, amigos y vecinos. Y también genera silencio. Porque cuando no existe certeza de que denunciar produzca justicia, muchas comunidades desarrollan una regla no escrita: ver, escuchar y callar. Ahí comienza a deteriorarse algo esencial para cualquier estrategia de seguridad: la cooperación entre ciudadano y autoridad
La responsabilidad gubernamental después de un homicidio apenas comienza al colocar la cinta amarilla alrededor de los cuerpos. El artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública comprende prevención, investigación y persecución de los delitos, y obliga a Federación, estado y municipios a coordinarse para salvaguardar la vida y preservar la paz social. Después del homicidio comienza otra batalla: la de evitar la impunidad
El Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a preservar correctamente cada escena, proteger los indicios y mantener la cadena de custodia. Un casquillo, una cámara de vigilancia, una trayectoria balística, un teléfono o un vehículo pueden convertirse después en la diferencia entre una investigación sólida y un expediente que se derrumba ante un juez. Por eso en estos cinco homicidios habrá preguntas concretas
Existe, además, otro punto indispensable: las víctimas no pierden sus derechos por los rumores que aparezcan después de su muerte. Aunque una víctima tuviera antecedentes criminales, el Estado sigue obligado a investigar quién la asesinó. En México todavía no existe la pena de muerte dictada desde una motocicleta. La Fiscalía informó apenas este 2 de septiembre que entre enero y agosto obtuvo 43 sentencias condenatorias por homicidio doloso, 147 órdenes de aprehensión, 87 cumplimentadas y 95 vinculaciones a proceso. Son resultados y trabajo que debe reconocerse a la FGE
Pero la procuración de justicia tiene una paradoja incómoda: las sentencias explican lo que el Estado consiguió resolver ayer; los cadáveres preguntan qué pudo impedir hoy. Por eso las cinco muertes de este jueves no deberían utilizarse para declarar automáticamente derrotada toda la estrategia de seguridad. Pero tampoco deben convertirse mañana en cinco números más dentro de una presentación gubernamental
El gobierno se puede esforzar en todo lo que pueda y nunca podrá detener ese tipo de masacres, porque, -aunque-, la reducción de estadísticas importa, las detenciones importan, las sentencias importan; pero nadie sabe lo que piensa quienes ejecutan ese tipo de crímenes Y eso, antes que cualquier porcentaje, sigue siendo el paso delante de los generadores del crimen en la seguridad pública. Tabasco está ante un escenario donde es imposible borrar que la violencia lesiona la percepción de paz
SEPTIMO SELLO
La durísima investigación presentada por Latinus coloca a Daniel Casasús Ruz frente a una pregunta que no puede responderse únicamente repartiendo periódicos ni mediante discursos de campaña, urge explicar: ¿Cómo se distribuyeron los contratos durante los 20 meses que encabezó la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas? Según el reportaje, nueve empresas y proveedores relacionados con personas de su círculo recibieron jugosos contratos que, sumados, alcanzan aproximadamente 92.5 millones de pesos
La entrega de contratos no demuestra por sí misma corrupción; tampoco una amistad inhabilita automáticamente a un empresario -el tema reclama análisis amplio por separado-. Pero la concentración del dinero público entre allegados obliga a revisar los procedimientos, la competencia entre participantes, los precios y el cumplimiento material de las obras. Casasús administró una dependencia que solamente durante su primer año reportó el ejercicio de más de mil 514 millones de pesos en 250 obras
SEPTIMA TROMPETA
Por eso no basta conocer que ganaron sus amigos: debe transparentarse cómo fueron seleccionados, contra quiénes compitieron y quiénes evaluaron cada propuesta. El asunto adquiere mayor dimensión porque Casasús dejó la SOTOP a finales de mayo y ahora recorre políticamente el municipio de Centro repartiendo “humildemente” el periódico. El problema político es evidente: Casasús pretende pedir la confianza de Centro cuando cómo carta de presentación; como estandarte debería llevar el rendimiento de cuentas detalladas sobre el dinero que administró en el estado
SEPTIMA COPA
Entendamos: no existe, -hasta ahora-, una resolución oficial que acredite desvío de recursos o responsabilidad administrativa. Pero sí existen elementos suficientes para esperar que el propio exfuncionario limpie su camino de dudas y sospechas al publicar la legitimidad de los expedientes completos. Porque una candidatura no puede cimentarse sobre una montaña de dudas ni convertirse en refugio frente a la rendición de cuentas. Urge saber si los contratos fueron legales, competidos y beneficiosos para Tabasco, los documentos deberán demostrarlo. La amistad explica beneficios y cercanías; pero, nunca debe sustituir la transparencia
