Ciudad de México. El lunes 24 de agosto de 2026, más de 300 personas hicieron fila desde antes de las ocho de la mañana en el Zócalo capitalino para ser atendidas por la Defensoría Social Ponciano Arriaga, el nuevo programa gratuito del gobierno de la Ciudad de México que busca frenar el despojo de vivienda, uno de los delitos patrimoniales más extendidos (y menos castigados) de la capital. Muchas de las personas que acudieron llevaban carpetas de investigación de hasta nueve años de antigüedad, documentos originales y copias, con la esperanza de que su caso finalmente avance.
El despojo inmobiliario combina invasión física de predios, fraude documental, violencia y, en no pocos casos, la complicidad de redes que incluyen grupos delictivos, notarios y algunos servidores públicos. Golpea sobre todo a adultos mayores que viven solos, mujeres sin acompañamiento legal, herederos enfrentados por sucesiones y propietarios de inmuebles con irregularidades en el registro público.
Magnitud y zonas más afectadas de la CDMX
Entre enero de 2020 y abril de 2026, la Fiscalía capitalina abrió más de 25 mil carpetas de investigación por despojo, pero apenas reportó 463 detenciones en ese mismo periodo, una brecha que ilustra la dificultad para judicializar estos casos. Solo en 2025 se iniciaron alrededor de 3 mil 797 carpetas, cerca de 10 denuncias diarias, y durante el primer semestre de 2026 la capital se ubicó como la segunda entidad del país con más víctimas de este delito, únicamente detrás del Estado de México.
Tras el anuncio de una estrategia reforzada el 5 de agosto de 2026, la dependencia recibió 214 denuncias entre esa fecha y el 23 de agosto. De ellas, apenas 34 se clasificaron preliminarmente como posibles despojos —29 sin violencia y 5 con violencia—, mientras 130 permanecían en revisión y el resto se derivó a la vía civil, familiar o administrativa. Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza concentraron el mayor número de casos identificados, aunque Benito Juárez, con la colonia Del Valle como foco reciente, Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac también registran denuncias recurrentes.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha explicado que casi la mitad de la población capitalina tiene pendiente algún trámite de regularización sobre su propiedad, lo que facilita los fraudes, y ha precisado que de cada 10 denuncias diarias solo una tercera parte se acredita como despojo propiamente dicho, mientras el resto corresponde a conflictos familiares, sucesorios, de arrendamiento o de copropiedad.
Cómo operan las redes del despojo
Las autoridades no hablan de un único grupo detrás del fenómeno, sino de un ecosistema de actores. Se ha señalado la participación de células vinculadas a La Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac, Los Rodolfos y Los Tanzanios, organizaciones que combinan el despojo con extorsión y narcomenudeo, además de “gestores” independientes contratados por encargo y asociaciones civiles simuladas.
El modus operandi más común inicia con la identificación de viviendas vulnerables —casas aparentemente abandonadas, propietarios hospitalizados o de viaje, adultos mayores solos, predios con juicios sucesorios abiertos—, seguida de la invasión directa mediante cambio de chapas e intimidación, o bien del fraude documental: escrituras apócrifas, suplantación de identidad, poderes notariales simulados y testamentos falsos inscritos irregularmente en el Registro Público de la Propiedad. En agosto de 2026 la Fiscalía inició investigación contra 14 servidores públicos, entre ministerios públicos y agentes de investigación, por presuntas omisiones o actos de corrupción vinculados a estos casos.
Un caso reciente en Gustavo A. Madero ilustra el patrón: dos hermanos recuperaron su vivienda después de que una supuesta “asociación de ayuda” les ofreció remodelar el inmueble y terminó expulsándolos e instalando cámaras de vigilancia. En Iztapalapa se ha documentado la intervención de Los Tanzanios en hechos previos, mientras que en la colonia Del Valle, en Benito Juárez, las denuncias vecinales de julio y agosto de 2026 —incluidos intentos contra inmuebles de valor histórico— detonaron la atención mediática y la respuesta gubernamental.
La respuesta del gobierno: estrategia de agosto y la Defensoría del Zócalo
El 5 de agosto, el gobierno capitalino presentó una estrategia integral que contempla un protocolo de reacción inmediata con monitoreo de redes sociales y llamadas al 911, plazos de 15 días para asegurar o restituir un inmueble cuando existan elementos suficientes y de 30 días para judicializar, además de un gabinete interinstitucional, una auditoría interna y la creación de la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo.
Diecinueve días después, el 24 de agosto, arrancó en el Zócalo la Defensoría Social Ponciano Arriaga, con 100 abogados especializados en materia civil, familiar, penal, ejidal, constitucional, condominal y laboral. El programa opera cada lunes a partir de las 16:00 horas y ofrece acompañamiento continuo, no solo orientación puntual; ese primer día se instalaron carpas por materia y se entregaron carnets de seguimiento a cada persona atendida. Durante su recorrido por el lugar, Brugada señaló que quien tema perder su vivienda no está solo y cuenta con un gobierno dispuesto a defender sus derechos.
En operativos posteriores a la estrategia reforzada, la Fiscalía reportó el aseguramiento de decenas de inmuebles —38 en un periodo determinado y 8 en una jornada simultánea realizada en 10 alcaldías— y la restitución de varios más, entre ellos 6 en una sola operación y 10 devoluciones adicionales durante agosto. También se contabilizaron 44 detenciones en los primeros días de la estrategia, que se suman a las 90 registradas en lo que iba del año hasta mediados de agosto.
Marco legal y los retos que persisten
Desde noviembre de 2025 rige en la Ciudad de México el artículo 238 Bis del Código Penal local, que equipara al despojo el hecho de permanecer ocupando un inmueble después de un requerimiento formal de autoridad. La disposición permite actuar en flagrancia continua mientras dure la ocupación y contempla penas base de 6 a 11 años de prisión, que pueden alcanzar los 22 años cuando existen agravantes como víctimas mayores de 60 años, grupos de tres o más personas, uso de documentos falsos o participación de servidores públicos. La reforma también estableció que la prescripción del delito comienza a correr solo después de que el inmueble es restituido a su dueño legítimo.
Pese a estos avances, los retos siguen siendo considerables: buena parte de las denuncias termina reclasificada como conflicto civil, persiste un rezago importante en la resolución de carpetas y la regularización masiva de propiedades continúa incompleta, lo que deja abierta la puerta a nuevos fraudes. Es en ese contexto donde programas como la Defensoría del Zócalo buscan acercar representación legal gratuita a quienes no pueden costear un despacho privado.
Quien sea víctima de despojo o tenga conocimiento de un caso puede presentar su denuncia ante la Fiscalía, a través de la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y de Protección Urbanística (FIDAPU) o sus agencias—, acudir los lunes a partir de las 16:00 horas al Zócalo con su documentación, o comunicarse a los números de atención del gabinete contra despojos. Contar con escrituras, comprobante predial, recibos de servicios y testimonios ayuda a distinguir un despojo real de un litigio familiar o sucesorio.
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