Durante la reciente audiencia de vinculación a proceso del excontralmirante Fernando Farías Laguna, celebrada el pasado 27 de agosto de 2026, los nombres de Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López Hernández emergieron a través de testimonios leídos por el Ministerio Público, desatando un intenso debate político y jurídico sobre la estructura de protección de la red de contrabando de combustibles conocida como “Los Primos”.
La Red de “Los Primos” y la Detención de Farías Laguna
La investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto bajo la lupa a una compleja red de contrabando de hidrocarburos, popularmente denominada “Los Primos”. Esta organización operaba mediante la introducción masiva de diésel extranjero a territorio nacional, disfrazándolo bajo nomenclaturas aduaneras de aditivos y aceites lubricantes para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y aranceles fiscales. Las operaciones ilícitas se concentraron principalmente en aduanas marítimas clave del litoral mexicano, destacando los puertos de Tampico, Altamira y Guaymas.
El entramado operativo contaba con cabecillas identificados por las autoridades federales, entre los que sobresalen los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna. Manuel Roberto se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social n.º 1 (Altiplano) desde septiembre de 2025. Por su parte, Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (SEMAR) y sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, huyó del país utilizando documentación falsa. Tras su localización internacional, fue detenido en Buenos Aires el 23 de abril de 2026 y deportado a México el 21 de agosto.
En la audiencia judicial celebrada a puerta cerrada el 27 de agosto, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega dictó auto de vinculación a proceso en contra de Fernando Farías Laguna por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos, específicamente bajo la modalidad de ocultamiento, ratificándole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el penal del Altiplano. Mientras la FGR sostiene que los hermanos encabezaban la estructura criminal, la defensa legal, encabezada por el despacho de Epigmenio Mendieta, argumentó que los procesados formaban parte de un sistema mucho más amplio con protección de altas esferas políticas, sugiriendo la existencia de una presunta operación de Estado.
Testimonios y Menciones: El Papel de Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López Hernández
Durante la lectura de constancias procesales y testimonios de testigos colaboradores por parte del Ministerio Público, resonaron los nombres de figuras políticas de relevancia nacional. Entre los testimonios clave figura el del capitán Alejandro Torres Joaquín, alias “Santo”, exdirector de la Aduana de Tampico y actual testigo protegido, así como declaraciones aportadas por Juan Carlos Soto Pichá, subdirector de Operación Aduanera en Guaymas.
La defensa legal de Farías Laguna enfatizó que estas referencias ya constaban en la carpeta de investigación ministerial (identificada bajo la causa penal 325/2025). Respecto a Andrés Manuel López Beltrán, los testigos relataron episodios específicos: tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Tampico, cargado con millones de litros de diésel ilegal, operadores de la red atribuyeron el incidente a un supuesto choque político entre el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el hijo del entonces presidente, matizando posteriormente que el conflicto había sido superado mediante acuerdos internos. Asimismo, en otra ocasión relacionada con dificultades logísticas para la descarga de un buque en Guaymas, un operador sugirió recurrir a la intervención de López Beltrán para agilizar gestiones ante la Secretaría de Marina, otorgando un supuesto visto bueno a las maniobras de la red.
Nota aclaratoria institucional: La FGR ha puntualizado públicamente que, hasta el momento, las menciones contenidas en los testimonios recabados no constituyen elementos probatorios con la solidez jurídica requerida para abrir una carpeta de investigación formal o imputar directamente a Andrés Manuel López Beltrán o a Adán Augusto López Hernández por delitos en materia de hidrocarburos.
Por otro lado, la vinculación indirecta de Adán Augusto López Hernández se delineó a través de la concesión de los muelles 289 y 290 en el puerto de Tampico, operados por la empresa Tampico Terminal Marítima, cuyo titular es el empresario Saúl Vera Ochoa. Informes ministeriales y periodísticos apuntan que Vera Ochoa mantuvo vínculos de amistad y respaldo político con el exsecretario de Gobernación. No obstante, Adán Augusto López ha rechazado categóricamente cualquier participación o complicidad en el esquema de contrabando de combustible, atribuyendo los señalamientos a campañas de desinformación y pugnas políticas coyunturales.
Posicionamiento Oficial y Estrategia Legal de la Defensa
Ante las revelaciones ventiladas en la sala de audiencias, la estrategia jurídica de la defensa anunció que interpondrá denuncias formales por delincuencia organizada contra los actores políticos mencionados, exigiendo que las indagatorias se profundicen hacia las altas estructuras de poder. En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó los señalamientos durante sus conferencias matutinas, asegurando que no existen pruebas fehacientes que vinculen a López Beltrán con actividades ilícitas y calificando las sanciones internacionales —como la revocación de visas— como medidas de carácter político, al tiempo que ratificó la solidez de la investigación en contra de los exmandos navales.
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