Armagedón

“No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio”
Juan 7:24

Alfredo A. Calderón Cámara
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El caso del alcalde de Paraíso, Alfonso Baca, debe analizarse con cautela, porque en unas cuantas horas una investigación judicial federal terminó convertida también en una confrontación política. Por un lado, Alfonso Baca sostiene que es víctima de una persecución política, niega los delitos que se investigan y cuestiona la legalidad de las diligencias realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR)

Asegura el alcalde de Paraíso que no está prófugo -aunque tiene ordenes de aprehensión en su contra-, y que enfrentará jurídicamente el procedimiento. Como autoridad estatal, el gobernador Javier May rechaza cualquier represalia y deja en claro que su gobierno desconocía previamente el operativo y que la investigación corresponde a la FGR, no a las autoridades estatales

Su mensaje político -aunque respetuoso- ha sido igualmente claro, cómo en el caso de Hernán Bermúdez: en Tabasco no debe haber intocables y el proceso debe desarrollarse conforme a derecho y resolverse en tribunales. Entre ambas posiciones existe una enorme distancia. Faltan elementos para determinar cuál narrativa explica realmente lo ocurrido. Ubiquemos: un operativo federal, cateos y una investigación ministerial no significan culpabilidad

La responsabilidad penal solamente puede establecerse mediante pruebas y resoluciones judiciales. De la misma manera, denunciar una persecución política tampoco demuestra automáticamente que ésta exista y sea real. Una acusación de esa gravedad necesita evidencias que permitan identificar quién persigue, mediante qué instituciones y con qué propósito. El mayor riesgo sería convertir el expediente en un juicio político anticipado

Unos declarando culpable al alcalde de Paraíso antes de conocer las pruebas y otros atribuyendo toda investigación a una conspiración política antes de demostrarla. Eso es lo que la sociedad de Tabasco menos necesita. Lo urgente es que la FGR fije su posicionamiento y explique con claridad los alcances de la investigación y los delitos que se le imputan, que Baca Sevilla ejerza plenamente su derecho de defensa y que los tribunales determinen responsabilidades

La declaración textual de May Rodríguez es especialmente relevante: “El Ejecutivo no litiga ni persigue a nadie, hay libertad plena, no hay ninguna represalia contra nadie” y aclara dudas y paradas: “Nosotros no teníamos conocimiento de esas acciones, esperaremos que concluya el proceso”, dejando el punto sobre las íes ubicó, que corresponderá a la FGR informar qué delitos persigue

Hay un detalle bastante fino, el gobernador Javier May tuvo extremo cuidado de no declarar culpable a Baca Sevilla. Su frase “no hay intocables” tiene una enorme carga política, pero simultáneamente habló de respetar el debido proceso y dejó en manos de la FGR determinar los delitos y explicar la investigación. En la otra vertiente: si Alfonso Baca sostiene que existe una persecución política, debe precisar ¿A quién acusa exactamente de perseguirlo?

Es de suma importancia que el alcalde Baca atribuye públicamente a la investigación un catálogo concreto de delitos: uso ilícito de atribuciones y facultades, tortura, delitos relacionados con armas de fuego, posesión ilícita de hidrocarburos y posesión de narcóticos. Además, plantea una defensa procesal específica contra las órdenes de cateo y anuncia que regresará al Ayuntamiento y enfrentará jurídicamente la investigación

Hay, -sin embargo-, varios puntos que conviene separar antes de convertir la declaración de Baca Sevilla en verdad mediática y jurídica, porque sólo lo actuado en el expediente demostrará exactamente lo que en sus entrañas contiene. El sustento jurídico que debe esgrimir la FGR tiene que ser sólido y contundente; ante el alcalde de Paraíso que no solamente proclama inocencia, también acusa una operación política y sostiene tres cosas diferentes

Primero, niega categóricamente haber cometido los delitos investigados. Segundo, afirma que los cateos fueron ilegales porque las órdenes supuestamente incumplieron requisitos constitucionales y procesales. Tercero, da un salto todavía mayor: sostiene que la magnitud y espectacularidad del operativo demostrarían una “persecución política” y un “uso faccioso” de las instituciones

Las dos primeras cuestiones pueden resolverse jurídicamente mediante el expediente. La tercera necesita pruebas adicionales. Un operativo espectacular de más de 50 vehículos y personal policiaco puede resultar desproporcionado. Puede producir un daño reputacional enorme. Incluso una orden de cateo podría eventualmente ser declarada ilegal

Pero ninguna de esas circunstancias demuestra que Javier May, el Gobierno de Tabasco o alguna autoridad estatal hayan fabricado una persecución contra MC; Tabasco mira de frente un conflicto jurídico que contamina la política y requiere con urgencia el posicionamiento público y oficial de la FGR, para ubicar este tema que quema, Paraíso: la delgada línea entre mártires e intocables

SEPTIMO SELLO
El posicionamiento de Movimiento Ciudadano (MC) dado a conocer ayer tiene una línea jurídica y política bastante clara: Una facción de MC cierra filas con Alfonso Baca Sevilla y sostiene que las actuaciones del 19 de agosto tienen motivaciones políticas, al tiempo que invoca la presunción de inocencia. Habrá que definir que una distinción importante, porque en política las palabras suelen correr más rápido que los expedientes judiciales: la presunción de inocencia es una garantía jurídica; afirmar que existe una persecución política es una hipótesis política que necesita demostrarse

Por eso, el discurso contiene dos afirmaciones de naturaleza diferente. La primera es jurídicamente sólida: mientras no exista sentencia condenatoria, Baca Sevilla y las demás personas investigadas y detenidas deben ser tratadas como inocentes. La segunda es mucho más discutible: sostener que las diligencias fueron realizadas deliberadamente para “denigrar” al alcalde y a MC atribuye una intención a las autoridades que no queda demostrada simplemente porque todavía no se haya acreditado públicamente la culpabilidad de los investigados

SEPTIMA TROMPETA
Y allí está precisamente el punto políticamente interesante: MC no se limita a defender el debido proceso; está comenzando a construir una narrativa de persecución política alrededor del caso Paraíso. Eso abre preguntas bastante incómodas para todos. Si las investigaciones federales terminan sin elementos suficientes, MC podrá argumentar que advirtió desde el principio sobre una actuación desproporcionada y el daño reputacional será difícil de reparar

Pero si posteriormente aparecen datos de prueba sólidos, judicializados y corroborados, este “apoyo irrestricto” puede convertirse en una factura política para quienes decidieron respaldar anticipadamente no solamente al alcalde, sino también a “todas las personas involucradas”. Por eso habría sido políticamente más prudente defender irrestrictamente las garantías procesales, no necesariamente a las personas investigadas. Parece una sutileza semántica, hasta que llega una carpeta de investigación y convierte los adjetivos en archivo histórico

SEPTIMA COPA
También hay otro elemento relevante: si las actuaciones corresponden efectivamente a una investigación encabezada por la FGR, la tesis de persecución política requiere explicar quién estaría ordenando esa persecución, con qué propósito y mediante qué evidencia puede sostenerse esa acusación. No basta que el afectado alegue que porque pertenece a la oposición

En síntesis, el posicionamiento desplaza la batalla desde el terreno exclusivamente judicial hacia el político. A partir de ahora existirán dos expedientes paralelos: el expediente penal, donde la Fiscalía tendrá que probar sus imputaciones, y el expediente político, donde MC tendrá que probar su acusación de persecución. Y ninguno debería resolverse mediante conferencias de prensa

Ni un cateo demuestra culpabilidad, ni invocar la presunción de inocencia demuestra persecución política. En un Estado de derecho, ambas cosas son mediáticas y ambas para conocer la verdad histórica: necesitan pruebas. Lo peor, lo asqueroso, es la notoria ausencia de Karla Rabelo, Gerardo Gaudiano, Erubiel Alonso y Pedro Jiménez que en un caso de tanta relevancia opten por abandonar a su suerte a su compañero de partido; eso significa, división total en MC y una perversión de tal magnitud reclama espacio por separado