Dos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México fueron vinculados a proceso por su probable participación en una red dedicada a extorsionar a propietarios de verificentros y otros establecimientos.
Raúl “N” fue procesado por extorsión agravada, mientras que Carlos Eduardo “N” enfrentará un proceso penal por abuso de autoridad. Ambos permanecerán bajo prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco.
Detienen a dos directivos de Medio Ambiente
Los imputados fueron identificados como Raúl Piña Horta, director general de Control de Emisiones Atmosféricas, y Carlos Eduardo Solares Vega, director de Control de Emisiones a la Atmósfera.
Raúl “N” fue detenido el 10 de agosto en la colonia Club Deportivo de Acapulco, Guerrero, mientras que Carlos Eduardo “N” fue capturado simultáneamente en la Ciudad de México.
El operativo fue coordinado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Guardia Nacional y las fiscalías de Guerrero y la Ciudad de México.
Jueza ordena prisión preventiva
La audiencia inicial comenzó el 12 de agosto y se prolongó durante más de 16 horas. Los abogados defensores cuestionaron la legalidad de las detenciones y solicitaron la liberación de sus representados.
La jueza rechazó los argumentos y ordenó la prisión preventiva justificada al considerar que existía riesgo de fuga, posible obstaculización de la investigación y la necesidad de proteger a las víctimas y testigos.
El 16 de agosto, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los dos funcionarios. Esta resolución permite continuar la investigación, pero no representa una sentencia de culpabilidad.
Así operaba la presunta red de extorsión
Según la investigación de la FGJEM, la estructura habría operado desde diciembre de 2023 mediante el control de inspecciones, permisos, hologramas y sistemas tecnológicos utilizados por los verificentros.
Los funcionarios presuntamente programaban inspecciones los viernes y amenazaban con mantener cerrados los establecimientos durante todo el fin de semana si sus propietarios no aceptaban pagar cuotas ilegales.
El sistema de hologramas podía ser desactivado remotamente desde el Centro de Control de la Secretaría del Medio Ambiente. Las autoridades señalan que esta facultad era utilizada para suspender las actividades de los centros durante horas, días o meses.
Las clausuras se justificaban mediante supuestas irregularidades menores, como logotipos despintados, equipos sin actualizar o diferencias provocadas entre la inspección del vehículo y las imágenes de las cámaras.
Exigían hasta 500 mil pesos por línea
Los propietarios de verificentros presuntamente debían entregar cuotas mensuales de entre 100 mil y 250 mil pesos, dependiendo del número de líneas de operación.
Además, la red habría exigido 500 mil pesos por cada línea de verificación para revalidar los permisos necesarios para continuar operando.
En el Estado de México existen 878 líneas activas distribuidas en 163 centros de verificación. Con este esquema, los involucrados pretendían reunir más de 430 millones de pesos adicionales antes de noviembre de 2026.
La Fiscalía sostiene que la red ya generaba varias decenas de millones de pesos mensuales mediante las cuotas cobradas para evitar cierres.
Pagos eran entregados en efectivo
Los recursos presuntamente eran entregados en efectivo, mediante citas previamente concertadas, en oficinas y domicilios ubicados en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, en la Ciudad de México.
La investigación también señala que algunos empresarios habrían sido obligados a ceder porcentajes de sus compañías. Para lograrlo, los implicados supuestamente retenían información sobre los plazos de revalidación, impedían la realización anticipada de trámites y emitían autorizaciones por periodos variables.
Las víctimas también habrían recibido amenazas contra su integridad y la de sus familias para evitar que denunciaran los hechos.
Investigan a más servidores públicos y particulares
Entre el 10 y el 14 de agosto, la FGJEM aseguró cinco verificentros localizados en Nezahualcóyotl, Almoloya de Juárez, Coacalco y Tlalnepantla.
También se realizaron cateos en oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente ubicadas en Tlalnepantla y Metepec, donde fueron asegurados documentos y otros indicios relacionados con la investigación.
La Fiscalía mexiquense informó que la presunta estructura estaba integrada por funcionarios activos, exservidores públicos y particulares. Las investigaciones continúan para identificar a otros posibles participantes y solicitar nuevas órdenes de aprehensión.
Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia definitiva en su contra.